Hubo una época donde los viernes no eran buenos para Amado Boudou: recibía siempre malas noticias judiciales ese día. Y ahora, el que parece que se quedó con la maldición es Cristóbal. Hoy, un juez comercial decretó (y no fue sorpresa) la quiebra de Oil Combustibles, el corazón del Grupo Indalo y la empresa que le permitió expandirse durante los últimos años.

La decisión de Javier Cosentino se da luego de un intento de salvataje de emergencia y de un proceso donde se detectaron deudas millonarias. En lo concreto, abre un espacio de 72 horas para que "potenciales inversores privados” interesados en una eventual adquisición de la empresa presenten sus propuestas, que deben cumplir una serie de requisitos. Capacidad técnica, solvencia financiera, un plan de negocios (que incluya los "recursos humanos”), entre otros.

Dentro de la resolución, el juez citó para el 17 de septiembre a Cristóbal López, Fabián De Sousa, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre para "brindar explicaciones” sobre los activos de Oil. Están obligados a ir y si no lo hacen, podrán ser llevados por la policía al juzgado. A Rosner y a Dellatore (los supuestos compradores/administradores) de Oil se les fijo, además, una prohibición de salida del país.

El juez citó para el 17 de septiembre a Cristóbal, De Sousa, Rosner y Dellatorre

Hay que resaltar que todos los bienes de OIL están inhibidos. Nadie puede vender ni modificar absolutamente nada del patrimonio de la empresa sin autorización judicial. Ordenó, además, el cierre de todas las cuentas que tenga la compañía en entidades bancarias y financieras, salvo la que se abrió durante el concurso de acreedores.

La idea de Cosentino es que preserven la mayor cantidad de puestos de trabajo y que la situación no afecte, por ahora, a la productividad. Cristóbal y De Sousa pierden definitivamente uno de sus estandartes dentro del Grupo Indalo. Presos e inhibidos, OIL parece su maldición. Fueron los impuestos que no pagaron de esa compañía los que los llevaron a la cárcel y los que ahora complican su futuro patrimonial.

La misión ahora de los interventores judiciales es conseguir un comprador para la compañía. Hay varias empresas que manifestaron interés y que esperaban este desenlace al igual que el Gobierno. La AFIP mantendrá su cruzada contra Cristóbal, a quién le reclama cerca de 17 mil millones de pesos.