Un guiño. Una “buena noticia” que viene directo desde de Comodoro Py. Tres veedores judiciales de OIL Combustibles desarmaron uno de los argumentos que llevó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa a la cárcel.

Los dos empresarios fueron procesados por el juez Julián Ercolini por no pagarle a la AFIP el dinero de los impuestos a los combustibles que recolectaba. En esa misma resolución, ordenó su detención, situación que fue finalmente convalidada por la Cámara de Casación Federal después de un pequeño oasis de algunas semanas de libertad que les dio la Cámara Federal con las firmas de Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

En el marco de esa investigación, Ercolini consideró que López y De Sousa habían intentado “puentarlo” cuando tenían sus bienes inhibidos y comenzaron con el sondeo para vender las empresas dentro del Grupo Indalo. En ese momento, el traspaso del poder a las manos de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre fue visto por Ercolini como una maniobra fraudulenta.

¿Qué es lo que dijeron los veedores judiciales (Carlos Bianchi, Francisco Cárrega y Liuba Lencova Besheva) que fueron designados en el concurso en la justicia comercial? Negaron que se haya tratado de una venta al Grupo Ceibo sino que dijeron que se trató de una carta de intención de compra. "Desde el punto de vista societario estrictamente, las acciones no se habrían transferido”, declaró uno de los interventores.

Con esas declaraciones y el análisis de la documentación, el juez Marcelo Martínez De Giorgi deberá establecer si hubo o no una desobediencia a la inhibición de los bienes. ¿Qué pasaría entonces con la preventiva si el magistrado considera que no hubo un entorpecimiento de la investigación principal de Ercolini?