Entre Ríos continúa conmocionada por la muerte del juez federal Pablo Seró, quien fue hallado sin vida este jueves luego de caer desde la terraza de un edificio. Si bien la principal hipótesis de los investigadores fue desde el inicio que se trató de un suicidio, la notoriedad que ganó el magistrado en los últimos tiempos por tener a cargo causas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero ameritaba analizar otras opciones. Sin embargo, las primeras pruebas apuntalaron la teoría original.

Por un lado, la Policía provincial dio con el celular de Seró en su despacho y lo entregó a la fiscal María Occhi para que sea peritado.

En segundo término, la autopsia al cuerpo del magistrado reveló que falleció por traumatismos severos. El informe preliminar apuntó que sufrió múltiples fracturas en la cabeza y en las costillas, lo que le produjo serios daños en las arterias del corazón y el hígado. Es decir, que todas las lesiones son compatibles con la caída que lo tuvo como víctima fatal.

Asimismo, el análisis de las cámaras de seguridad reafirmó la idea de que Seró estaba solo y no hubo ninguna participación de terceros. En ese sentido, las filmaciones registraron cuando ingresó al edificio, saludó al encargado y luego subió a la terraza, todo en soledad.

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Las primeras pericias durante el jueves había concluido que el magistrado se arrojó y cayó sobre un auto, entre las calles Galarza y Eva Perón, en Concepción del Uruguay, sin la intervención de terceros. Además, de acuerdo a la información recopilada, venía de visitar a su madre, quien reside en el mismo edificio desde donde cayó. 

El juez era uno de los referentes de la justicia de la provincia litoraleña y había tomado relevancia pública en los últimos años por los casos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. 

Incluso, participó en la investigación del secuestro del empresario Gastón Tallone, crimen ligado a la banda narco "Los Monos". La víctima fue raptada en julio de 2024 y la familia pagó los USD 65.000 que exigieron los delincuentes, pero no volvió a ser visto. Por la causa fue detenido Gustavo Juliá, hijo de Antonio Juliá, jefe del Estado Mayor Conjunto durante el mandato de Carlos Menem en el Ejecutivo.

A su vez, el fallecido magistrado tuvo a su cargo casos de importante repercusión, como el vinculado a los "vuelos de la muerte", sucedidos en el Delta entrerriano y cometidos durante la última dictadura militar. Además, investigó la tortura y el secuestro de una serie de militantes del Partido Comunista ocurridos en 1977.

Asimismo, en una de sus intervenciones más recientes, instruyó a la investigación del iraní Keifi Mojtaba, quien fue arrestado el 24 de junio de 2022 cuando quiso comprar un ticket de ómnibus para trasladarse a Uruguay con documentación falsa.