El juez Julián Ercolini procesó hoy al empresario Cristóbal López y ordenó su inmediata detención por considerar que obstruyó a la justicia. La causa que lo lleva a la cárcel es la del incumplimiento del pago de impuestos que debía abonarle a la AFIP como accionista de OIL Combustibles.

Junto con la detención de López se ordenó también la de su socio Fabián De Souza, ambos procesados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública. 

Ricardo Echegaray también fue procesado aunque su situación es un poco mejor: no le dictaron la prisión preventiva. Justo hoy, el ex titular de la AFIP fue indagado en un juzgado penal económico por contrabando. A los tres, Ercolini les trabó un embargo mega millonario: más de 17 mil millones de pesos. Para ser exactos, 17.042.509.692 pesos.

Según la resolución de Ercolini, López y De Sousa decidieron no pagar el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ICL) a la Administración Federal de Ingresos Públicos a pesar de que se lo habían cobrado a sus clientes. En su lugar, utilizaron ese dinero (unos 5.144.538.391,07 en concepto de capital dice el juez) para financiar a otras empresas del grupo.

El rol que le cabe a Echegaray no sólo es el de no haber controlado la situación sino que además le concedió a los acusados "sistemáticamente” planes de pago sin justificación real. Ercolini afirma que entre mayo de 2013 y agosto de 2015 le otorgaron irregularmente a OIL los planes a pesar de que sólo había pagado 7 de los 55 períodos fiscales investigados y aunque tenía el dinero para abonar.

De las 106 páginas que tiene el fallo, el juez usa cuatro para hablar sobre los delitos de corrupción, como modo de contexto de la situación. Incluso cita la Convención Interamericana de la Corrupción y que recalca que los Estados que la firmaron están obligados a aplicar políticas para impedirla y detenerla.

¿Por qué Echegaray no va preso?

Ercolini explica que en su caso, al no tener condenas y haber estado siempre "a derecho” (o sea disponible cuando el juez lo requería) no se justificaba su detención.

La situación de López y De Sousa fue planteada diferente en la resolución. El juez consideró que existe un "serio peligro de obstrucción de la investigación” y que los imputados tuvieron un "comportamiento hostil” frente a las inhibiciones que les habían impuesto.

"Se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso”, dice Ercolini como parte de su argumento para la detención. Además, envió a la oficina de sorteos una parte de la causa para que otro juzgado investigue si se vendieron bienes que estaban inhibidos.

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