En una decisión para cerrar la semana judicial, la Cámara Federal decidió confirmar la ampliación del procesamiento de Aníbal Fernández en la causa "Fútbol para Todos". ¿Qué significa esto? En diciembre, la juez María Romilda Servini había considerado que el ex funcionario no sólo había cometido una "violación de sus deberes" sino también una defraudación al Estado.

La Cámara Federal decidió confirmar la ampliación del procesamiento de Aníbal Fernández en la causa "Fútbol para Todos".

Esta parte de la causa se centra en la relación que la empresa de camiones Iveco (el único sponsor privado del FPT) tenía con la AFA y con el Estado, a través de Jefatura de Gabinete. Según se estableció, el contrato que se le hizo a Iveco por publicidad constituyó una maniobra desfavorable para el Estado.

En el fallo, que dieron a conocer hoy los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzún, respaldaron la decisión de Servini y le dieron la razón en su planteo. Para ellos, Fernández decidió, desde su lugar en la Jefatura de Gabinete de Ministros, que IVECO fuese el sponsor de los torneos y que la AFA, en todo caso, sólo habría dado un aval para que lo fuera.

Los camaristas dejan en claro que el acuerdo que firmaron Aníbal y Natale Rigano, el ex CEO de Iveco (también procesado) significó menores ingresos para el Estado de los que podía llegar a obtener. Y aclararon que esto se repitió por los sucesivos contratos que se firmaron.

Para los camaristas, el acuerdo entre el Aníbal e Iveco significó menores ingresos para el Estado de los que podía llegar a obtener.

Por último, los jueces aclararon que Servini debía resolver la situación de Gabriel Mariotto, que fue coordinador del FPT y está procesado por "peculado", acusado de haber facilitado que la AFA cobrara de IVECO unos cuatro millones de pesos, a pesar de que no estaba fundado ni justificado. Para la Cámara Federal, debe determinarse si corresponde también ampliarle el procesamiento como se hizo con Aníbal.

El delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público tiene una pena de hasta seis años de prisión. Fernández aún tiene la posibilidad de que su caso lo revise la Cámara Federal de Casación.