La semana de Guillermo Moreno sigue en una banda negativa. O por lo menos, judicialmente. La Cámara Federal revocó el archivo de la causa donde se lo investigaba por los números del INDEC y lo procesó junto con otros tres ex funcionarios del organismo.

Para los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, hay pruebas de que Moreno; Beatriz Paglieri (mujer de confianza del ex secretario de Comercio); Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Fillia cometieron una serie de delitos: violación de secretos; abuso de autoridad; violación de registros y documentos; y falsedad ideológica. 

El origen de la causa es la alteración del cálculo de índice de precios al consumidor (el famoso IPC). La maniobra había sido considerada por el juez (¿oficialista?) Rodolfo Canicoba Corral como parte de algo político y no delictivo pero la Cámara no estuvo de acuerdo en esa interpretación.

Según explican los dos jueces, las modificaciones al IPC se realizaban previa a su publicación, por lo menos desde enero de 2007. La clave era la introducción de datos de "fuentes externas” al INDEC que primero afectaron a los rubros "turismo” y "prepagas” para luego extenderse a "automotores”, "medicamentos”, "pan” y "escuelas”. 

¿De dónde surgían esos datos si no eran elaboradas pura y exclusivamente por los análisis del Instituto? De los acuerdos de precios pactados con la Secretaría de Comercio que dirigía Moreno. Para Irurzun (el creador de la doctrina que permitió el encarcelamiento preventivo de varios ex funcionarios) y Farah, los cambios fueron "inconsultos y disruptivos” y funcionaron como soluciones cuando " los resultados de las mediciones se percibían como problemáticos desde un punto de vista ajeno por entero al estadístico”.

En otras palabras, los jueces consideraron que es un delito modificar o agregar datos a las mediciones sólo para mejorar los números en pos de una mejor valoración de la situación política-económica.

La Cámara, en su fallo de 24 páginas, aseguró que los números quedaron inutilizados y que ya no eran idóneos ni útiles para el servicio público. Afirman, además, que los objetivos del INDEC terminaron sustituidos por los que Moreno quiso establecer: " legalmente ninguna ascendencia tenía -ni podía tener- sobre el organismo ni sus funcionarios, y por tanto actuó en abuso de sus propias funciones”.