En Chubut, inmunizaron por orden judicial a una nena cuyos padres son "antivacunas"
Así lo determinó un juzgado de Familia en Comodoro Rivadavia, tras una denuncia de médicos que estaban atendiendo a la menor por otro motivo y descubrieron que no contaba con el calendario nacional al día.
La Justicia de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia intervino para garantizar la vacunación de una menor de edad cuyos padres se negaban a cumplir con el calendario nacional obligatorio.
La medida había sido ordenada inicialmente por la jueza de Familia Guillermina Sosa, al detectarse en el hospital Regional que la niña no contaba con las inmunizaciones al día por la posición ideológica de los progenitores, que se identifican con el movimiento "antivacunas".
Ante la negativa de los padres a cumplir con esa primera orden judicial, los profesionales de salud comunicaron la situación a la Justicia y la magistrada Jorgelina Castillo, titular del Juzgado número 2 que se encontraba en guardia, ordenó la aplicación compulsiva.
A partir de la intervención, en el hospital se procedió a completar el esquema de inyecciones, sobre la base del principio de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.
La instrucción judicial para colocar las vacunas incluyó, además, complementar el tratamiento que se encontraba recibiendo la menor de edad, vinculado a una situación en la que había sufrido quemaduras en su cuerpo, circunstancia en la que los médicos detectaron que sólo tenía las inmunizaciones que se aplican en el nacimiento, pero no el resto del esquema obligatorio.
En contacto con el medio local ADNSUR, la jueza Sosa expresó que está vedada para hablar del caso particular, pero explicó que, en la generalidad de este tipo de casos, "ni las razones ideológicas ni el plan de vida del ámbito familiar es estar en oposición al interés de un niño, que es de una condición vulnerable por su edad y también por su situación médica.
Además, recordó que hay un criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el año 2010, en el que establece que se debe preservar no sólo el interés superior del niño, niña o adolescente, sino también que al tratarse de la vacunación obligatoria, "se transforma en una cuestión de salud pública", al poner en riesgo a otros que estarán en contacto con él.
En el mismo sentido y sobre otros casos, la magistrada comentó que se han emitido resoluciones vinculadas a tratamientos médicos negados por razones religiosas, como por ejemplo el rechazo a transfusiones de sangre.