El próximo 22 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Como en tantas otras ocasiones, la oposición se enfrenta al mismo dilema: apuntar a una estrategia de movilización social y presión internacional para que el gobierno de Maduro ofrezca garantías y modifique el calendario electoral, o someterse a la voluntad popular y legitimar la contienda.

En efecto, la oposición venezolana coincide en el diagnóstico, pero discrepa en la táctica. Si bien todos afirman que no están dadas las condiciones técnicas y políticas para avanzar con el proceso electoral, la discusión sobre los pasos a seguir no parece derivar en un acuerdo. Mientras los “abstencionistas” anunciaron su decisión de no participar en la elección porque “carece de mínimas garantías y condiciones de transparencia”, los “participacionistas” creen que la decisión de no presentarse depositará a Maduro automáticamente por otros seis años en el Palacio de Miraflores, un costo que no están dispuestos a pagar. Por cierto, la estrategia del abstencionismo y el grito de fraude no han resultado ser maniobras exitosas para la oposición, desde la fuga masiva en las elecciones legislativas de 2005.

En el primer grupo contamos a la mayoría de los partidos representados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que ya decidieron apartarse de la elección. Tanto Acción Democrática (AD), representada por Henry Ramos Allup, como Primero Justicia (PJ), en la voz de Julio Borges y Henry Capriles, afirmaron que no avalarán “el fraude de la dictadura”, en sintonía con las declaraciones de varios dirigentes de Voluntad Popular (VP) -el partido liderado por Leopoldo López- que calificaron el proceso como una “farsa electoral”.

Desde las filas del Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Avanzada Progresista (AP) rechazan esta tesitura y presionan para asistir a la disputa de abril. En este sentido, Pedro Fernández, exlegislador de la primera de estas organizaciones, manifestó que sólo las élites están llamando a abstenerse y que "el pueblo quiere votar porque está desesperado". En una línea similar, Luis Romero, reconocido dirigente de AP, afirmó que la Mesa de Unidad “va más allá de cuatro partidos” y que participarán de las elecciones.

Por su parte, Henri Falcón, el exgobernador de Lara y uno de los más importantes exponentes del chavismo en sus comienzos, solicitó que la MUD convoque a varias encuestadoras para determinar quién debe encabezar la oposición a Maduro. Si bien no tuvo eco en su pedido, nadie puede soslayar sus altos niveles de conocimiento y apoyo en las zonas más pobres del país. Entre los opositores que rechazan el abstencionismo se encuentra también Claudio Fermín, que representa a pequeñas formaciones que juegan por fuera de los márgenes de la MUD. Finalmente, desde el opositor Movimiento al Socialismo (MAS), que también discurre por fuera de la frontera de la Mesa de Unidad Democrática, se desmarcan de la táctica ultraopositora y afirman que no creen en “golpes de Estado o intervenciones extranjeras como mecanismo de salida de esta situación”.

Mientras el grueso de la oposición deshoja la margarita, dos candidatos independientes dieron el primer paso. Probablemente impulsado por el éxito de la candidatura de Fabricio Alvarado en Costa Rica, el evangélico Javier Bertucci adelantó que estára presente en la cita de abril. Deberá asumir la laboriosa tarea de "implantar los valores cristianos" y liberarse de los señalamientos que lo vinculan a los Panamá Papers, por su relación con una empresa alimenticia panameña. A la candidatura de Bertucci se sumó la del pastor evangélico Luis Ratti, un empresario del norte del país que tampoco cuenta con una organización partidaria que lo respalde.

Por su parte, el gobierno asiste a la indefinición opositora con la fortaleza de dos antecedentes inmediatos: la amplia victoria en las elecciones de gobernadores de octubre (con mayoritaria participación de la oposición), y la recuperación de varias alcaldías que fueron bastiones del antichavismo, en las elecciones municipales de diciembre (en las que prácticamente no hubo presencia opositora). Pocas personas podrían haber anticipado este panorama hace apenas siete meses, cuando la MUD pedía elecciones anticipadas y la revocatoria del presidente, previo a la renovación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Por estas horas, la oposición hace un último intento para ganar tiempo y negociar con el oficialismo un aplazamiento de las elecciones, luego del fracaso del diálogo entre las partes en República Dominicana. El gobierno no admite correr el calendario para fin de año, pero podría aceptar que los comicios se desarrollen a mediados o fines de junio. La letra chica del preacuerdo, sin embargo, incluye una novedosa jugada política del chavismo, anticipada este martes por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): adelantar las elecciones para la Asamblea Nacional, pese a que el actual periodo parlamentario culmina en 2020, para la misma fecha de las presidenciales.

De esta forma, la oposición corre el peor de los riesgos. Si se mantiene la fractura, la voz del antichavismo se dividirá entre el voto a los opositores que participen de la elección y la abstención de quienes entiendan que no están dadas las garantías para una contienda transparente. Un escenario de pérdida absoluta que sólo puede evitar una candidatura unificada, como dejó en claro la elección de 2013.

Con la fortaleza política de las últimas elecciones y la certeza de que los líderes más populares de la oposición están inhabilitados para presentarse a elecciones, Maduro sólo debe preocuparse por el talón de Aquiles de una economía que no deja de lanzar señales de alarma. Mientras tanto, aguarda jugar un partido que va ganando desde el vestuario.