Cómo se vive la pandemia en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires

En las cárceles se ha suspendido el régimen de visitas y solo puede ingresar el personal penitenciario que tiene contacto directo con los internos. Aún así, se establecieron protocolos sanitarios recomendados por el Ministerio de Salud antes de llegar a sus puestos de trabajo.

La cartera de Justicia y Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires anunció que todos los presos de las 57 cárceles que poseen bajo su órbita, se sometan a un análisis de sangre para un control sanitario. Hasta ahora comenzaron con los 45 mil internos del Lisandro Olmos de la Plata.

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Para mantener la prevención, tanto los internos como los guardias deben seguir las normas dictadas por Salud. Desinfección de celdas y lavado de manos constante según explican desde el SPB. Por su parte, los internos de la Unidad 42 de Florencio Varela tomaron la prevención seriamente y fabricaron una cabina de desinfección. Los agentes que tienen contacto directo con la población carcelaria deberán pasar por allí antes de entrar en funciones.

Se trata de una estructura metálica de un metro de ancho por 2,10 metros de alto, está cubierta de un nailon y posee un pulverizador con líquido desinfectante que tiene 10 litros de agua y 150 centímetros cúbicos de lavandina presurizados en un compresor. El “invento” nació en los talleres de herrería por parte del “ingenio y dedicación de 18 internos de la unidad”, explicaron desde el SPB.

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El jefe del Complejo Penitenciario de ese penal, Hugo Piedrabuena, indicó que “cuentan con la aprobación de los médicos que trabajan en nuestras cárceles. Hasta ellos pasan por la cámara para desinfectar sus ropas y pertenencias”.

Con respecto a insumos, 70 personas dentro del sistema penitenciario en nueve cárceles bonaerenses confeccionan de forma diaria 2.200 barbijos y casi 500 kits sanitarios. Están destinados para el personal de seguridad, profesionales de la salud y los propios internos.

Videollamadas, celulares y el caso Píparo

A raíz del aislamiento social obligatorio y con la prohibición de visitas, el SPB implementó en 18 penales un servicio de videollamadas que no pueden durar más de 20 minutos. La medida apunta que los presos mantengan el contacto con sus seres queridos.

Además, se habilitó el uso de celulares, que se registran a nombre del detenido, quién está a cargo de los costos de cada llamada.

Por otro lado, establecieron que solo se podrán usar dentro de las celdas. Los móviles no podrán contar con memoria extraíble y en caso de perderlo o que sea robado, se deberá denunciar de inmediato. A su vez, está prohibido el uso de redes sociales, excepto WhatsApp.

Sin embargo, el domingo pasado, la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada a través de Facebook por Carlos Moreno, uno de los condenados de dispararle en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata. El SPB encontró en la celda del preso un celular no registrado.

Píparo publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado. "Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", objetó.

La semana pasada, la Asociación Civil Usina de Justicia que preside Píparo, había cuestionado la decisión de Casación. "Resulta alarmante que el protocolo haga un expreso 'blanqueo' de todos los celulares ya introducidos ilícitamente en las cárceles bonaerenses", indicaron.

Al respecto marcaron que la medida "permite la 'regularización' de la 'tenencia y utilización' de los celulares que tuvieren consigo los internos, bajo el simple trámite de registro por parte de la autoridad penitenciaria y sin que haya tomado ni la más mínima precaución para determinar la titularidad de esos dispositivos".