Elisa Carrió bajó el tono polémico que mantuvo ayer contra la Ministra de Seguridad y propuso convertir el reglamento para el uso de armas de fuego, en una ley sancionada por el Congreso.

A través de una carta que publicó en su cuenta oficial de Facebook, respaldó a la policía al sostener que "el agente de seguridad o policial se encuentra actualmente carente de un adecuado marco legal”. Y agregó que esa reglamentación serviría para proteger al agente y para evitar "la confusa interpretación de la norma”.

Además aclaró que no está en contra de que las fuerzas policiales empleen armas de fuego "cuando las circunstancias lo justifique”. Casi diametralmente opuesto a lo que expuso ayer en su cuenta de Twitter donde manifestó que el protocolo "viola los Derechos humanos fundamentales”.

Más allá de las corrientes declaraciones explosivas de la Diputada del radicalismo, la jugada beneficia al oficialismo, a priori presentado como víctima. Ahora el gobierno nacional solo debe adherir a la propuesta de Carrió sin tener que dar el brazo a torcer en manos de la oposición.

Ella misma lo expresa en su nuevo descargo cuando admite que el reglamento debe contemplar un control político que acompañe la iniciativa "para hacerse cargo de las consecuencias”.