La fiscal federal Alejandra Mángano puso en duda que el presidente Javier Milei haya cometido un delito al calificar de "coimeros" a legisladores -a los cuales no identificó- por su oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, próximo a ser tratado por la Comisión Bicameral, y a la ya caída Ley Ómnibus. Por este motivo, pidió informes a las Cámaras de Diputados y Senadores para a resolver si impulsa la investigación.

En un primer dictamen en el marco de una causa motivada por los dichos del mandatario, la fiscal consideró que "estos hechos por sí solos no permiten conformar un objeto de investigación que permita impulsar un caso penal, puesto que han sido manifestaciones públicas amplias y con escaso grado de precisión que se dieron en el contexto de un intenso debate político".

A días de dar a conocer el megadecreto de desregulación de la economía, el jefe de Estado señaló en diciembre pasado en declaraciones a LN+ que "cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo" y denunció: "Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas".

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La denuncia original, formulada por el abogado y exfuncionario bonaerense Leonardo Martínez Herrero, citó también otras expresiones de Milei, en este caso al portal de noticias El Observador. "Tenemos identificadas a las valijas y a los valijeros. Hay decenas. Los del tabaco, los del biodiesel, los del aceite", lanzó el Presidente en alusión a supuestas coimas.

A esta demanda se sumaron una del diputado de Unión por la Patria Germán Martínez, como así también de una decena de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la abogada Valeria Carreras, quien es querellante en las causas por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Sin embargo, la fiscal Mángano resolvió que "previo a dictaminar sobre el impulso del caso, será útil, para precisar las circunstancias denunciadas, solicitar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación y a la de la Cámara de Diputados informe si alguno de los miembros del cuerpo efectuó alguna presentación y/o cuestión de privilegio relacionada con los hechos que motivan las denuncias".

"Específicamente sobre la sospecha de comisión de delitos en el seno del Congreso de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley Ómnibus y/o la aprobación del DNU 70/23", añadió el documento citado por la agencia Noticias Argentinas.