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La relación entre los Kirchner y la familia Eskenazi dio un giro de 180 grados en el proceso estatizador de YPF. El grupo Petersen tenía una gran afinidad con Néstor Kirchner, que buscó controlar la petrolera -entonces privada- a través del holding.


Sebastián Eskenazi, ex CEO de YPF, hijo de Enrique.

En los últimos días de 2007, el expresidente acordó con los Eskenazi para que la familia compre un porcentaje importante de la petrolera. En primera instancia fue un 15% y luego otro 10%, logrando así hacerse de la cuarta parte de la compañía. Todo el proceso fue enmarcado con la bandera de la “argentinización” de YPF.

Para la familia Eskenazi, la adquisición fue una inversión cuya rentabilidad no tiene precedentes. La compra total, que costó más de 3000 millones de dólares, fue financiada casi en su totalidad por dos créditos, uno de Repsol y otro de un conglomerado de bancos liderados por Credit Suisse. ¿Cómo logró comprar el 25% de una petrolera sin poner un dólar? Con un acuerdo que contempló un aumento de los dividendos de la petrolera y que el 98% de estos ingresos no sean reinvertidos para la producción, sino que sean destinados a Repsol y al resto de las compañías que financiaron la compra como "cuotas".

La muerte de Néstor Kirchner reconfiguró la relación de la entonces presidenta Cristina con varios empresarios, entre ellos los Eskenazi. De hecho, según afirmó Carlos Pagni el 9 de enero, Sergio Massa fue el verdadero heredero de las buenas relaciones de Néstor con los empresarios y no su “su propia esposa”.

El 27 de diciembre de 2011, un año y dos meses después de la muerte de Néstor, Cristina se reunió con Sebastián Eskenazi, entonces CEO de YPF, aún en manos Repsol y el grupo Petersen. El déficit energético argentino, después de décadas de autoabastecimiento, encendió las alarmas del Poder Ejecutivo. Las cifras de producción e inversión de YPF no podían ser peores y la necesidad de importar gas licuado acentuaban la necesidad de usar unas reservas que caían en picadas, en un contexto donde la fuga de capitales era protagonista. En ese marco, Cristina planteó que avanzaría en la estatización de YPF. Eskenazi le respondió que eso no era lo acordado, pero el proceso se realizó igual.

Lo primero que cambió cuando la petrolera pasó a ser controlada por el estado fue la política de dividendos, que pasaron a ser en su mayoría reinvertidos para aumentar la producción nacional, lo que supuso un duro golpe para la familia Eskenazi, que aún adeudaba gran parte de los créditos pedidos para comprar las acciones de la compañía.

La otra gran perdedora del proceso de estatización fue la española Repsol: en ese momento, sus acciones cayeron en picada y, en consecuencia, la empresa buscó salvar su capital a través de la justicia, pero finalmente convino con el Estado argentino en aceptar un resarcimiento por la expropiación a cambio de abandonar cualquier derecho a reclamar. Por eso, más allá de lo que suceda en la Corte de EE. UU., Repsol no puede cobrar un dólar o la totalidad del dinero sería devuelta a la Argentina.

Los Eskenazi, por su parte, no abandonaron su derecho a reclamar, pero se lo vendieron al bufete Burford por 15 millones de dólares, firmando un contrato que sostiene que grupo Petersen, “en quiebra” según Pagni, cobrará el 30% de lo que el Fondo Buitre consiga en la Justicia. Aunque desde la familia de empresarios hacen trascender que no están interesados en el pleito, podrían cobrar casi mil millones de dólares si la Corte falla a favor de Burford. “Los que litigan contra el país son Burford y los Eskenazi”, afirmó Pagni en enero.

“A pesar de que la entrada de los Eskenazi se presentó como una ‘argentinización’ de YPF, las empresas que adquirieron las acciones eran españolas y estaban controladas por una misteriosa sociedad australiana. Esas compañías españolas, que están en quiebra, esperan ahora que la Argentina les pague 1000 millones de dólares por derechos adquiridos sin dinero”, explicó el editorialista.

La Corte debe decidir si acepta un pedido de la Casa Rosada para mover el juicio a la Argentina o permite que la demanda continúe en los tribunales norteamericanos, como quiere Burford Capital. La Argentina sostiene que la expropiación fue un acto soberano, y por lo tanto está protegida por una ley norteamericana -la ley de inmunidad soberana extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés)- que reconoce la inmunidad de los estados extranjeros. Burford alega que la disputa es contractual y debe seguir su curso en los Estados Unidos.

La causa de los Holdouts, con el juez Thomas Griesa a cargo, marca un antecedente de lo difíciles que son las negociaciones para la Argentina en territorio norteamericano.  El Gobierno apunta a que Donald Trump entre en la disputa y apoye a Macri en el intento de mudar la causa.