Un informe basado en información generada por organismos oficiales del Gobierno de Mendoza confirmó que el río Atuel cuenta con agua suficiente para cumplir con un fallo de la Corte Suprema de 2020 y permitir su escurrimiento hacia La Pampa, que profundiza su reclamo por la cuenca que comparte con la provincia cuyana.

En el marco de la causa 243/2014, el máximo tribunal del país había resuelto cuatro años atrás establecer un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el curso de agua en el límite entre ambas jurisdicciones provinciales.

El fallo, que nunca se cumplió, fue un instrumento para el cese del daño ambiental causado por Mendoza debido a la falta de escorrentía de dicho río en territorio pampeano, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

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Ahora, un estudio técnico elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que integran representantes tanto de la demandada como de la demandante -que realizó presentaciones ante la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- concluyó que el río Atuel tiene agua más que suficiente y que Mendoza la retiene de manera ilegal.

El informe, que alentó una nueva ola de reclamos y medidas tanto judiciales como políticas por parte de la administración pampeana, también expuso el manejo ineficiente del recurso y prácticas de sobrerriego para alimentar las napas subterráneas en perjuicio del caudal aguas abajo y del aumento de la cantidad de reservorios de agua, datos que serán presentados como pruebas ante el Máximo Tribunal.

En este marco, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, advirtió recientemente en su cuenta de la red social X que "se cae rotundamente el argumento de que el caudal del Río Atuel es deficitario", y remarcó: "¡Agua hay! Sólo hace falta que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte Suprema. No sólo dejando correr el agua hacia La Pampa sino también aceptando que la gestión de la cuenca debe ser compartida y eficiente. El río Atuel también es pampeano. Ya no hay excusas para detener su regreso definitivo".

El manejo discrecional del Atuel por parte del Estado cuyano comenzó con el corte del río por la construcción del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles a fines 1940 y se profundizó por el uso total de sus aguas en San Rafael a partir de los 70, lo que, según información de prensa del territorio del centro del país, explica en gran parte el desarrollo exponencial de la actividad vitivinícola en una provincia "y la degradación ambiental y desertificación de más de un millón de hectáreas en la otra". 

El informe y la consecuente presentación judicial coinciden con el anuncio del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, de que los fondos captados para la construcción de la represa Portezuelo del Viento se destinarán a otros fines. De esta forma, quedó abortada la obra sobre el río Grande -parte de la cuenca del Colorado-, que no contaba con el acuerdo del comité de cuenca, aunque había sido autorizada en 2019 por el entonces presidente, Mauricio Macri.