Un importante operativo policial se desplegó este jueves en el marco del protocolo antipiquetes para impedir que grupos de manifestantes subieran al Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia, los manifestantes se apostaron en la avenida Mitre, en Avellaneda, donde las fuerzas de seguridad trazaron un triple cordón de contención que incluía camiones hidrantes.

"Se han prohibido las movilizaciones en Argentina, quiere decir que no rige la Constitución nacional", afirmó el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, quien participaba de la movilización, en reclamo por la situación económica de los sectores más vulnerables y en contra de las medidas del Gobierno nacional. Además, el referente agregó ante la imponente presencia polcial: "Queremos marchar pacíficamente". 

La acción de las organizaciones sociales se daba en medio de lo que sus líderes calificaron como una "persecución judicial" hacia las entidades populares "basada en infamias y calumnias contra sus referentes", lo que tuvo como correlato permanentes allanamientos en domicilios y hasta en la sede central del Partido Obrero.  

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"Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y de la Unidad Piquetera, vamos a movilizarnos este jueves al puente Pueyrredón reclamando puestos de trabajo genuino, asistencia integral a los comedores populares y acceso universal a los programas sociales, sin discriminación", afirmaron en la previa a través de un comunicado.   

Lo manifestantes también apuntan, según indicaron, contra la "corrupción en el ministerio de Capital Humano con respecto a los contratos truchos y el acopio de alimentos en los depósitos que se negaban a entregar a los comedores, en pleno crecimiento de la pobreza en el país", una medida que consideraron como "un acto criminal".  

Además, agregaron: "Vamos a reclamar además un aumento de emergencia de los programas sociales que están congelados en $78.000. Mientras la inflación ha arrasado con salarios, jubilaciones y programas sociales siguen igual".

Mientras tanto, la Justicia investiga una serie de aparentes maniobras fraudulentas que habrían implicado el desvío de una cifra millonaria entregada por el Estado al Polo Obrero entre 2020 y 2023, por la que está señalado Belliboni, entre otros líderes piqueteros.

El dirigente se defendió nuevamente ante las cámaras el último miércoles, al asegurar que la facturación a una de las firmas apuntadas como proveedoras de comprobantes apócrifos se llevó a cabo de manera legal y que no hubo ningún delito: "A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía".