El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, determinó mediante un DNU el arancelamiento de la atención sanitaria a los extranjeros que pertenecen a las categorías de residentes transitorios y precarios en los hospitales locales. De todas formas, la asistencia en casos de emergencia no podrá ser negada, ni restringida, por tratarse de una cuestión humanitaria.

Según lo establecido por la Ley Nacional 25.871 de Migraciones, los ciudadanos foráneos se califican en cuatro niveles, de acuerdo a su ingreso y permanencia: permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En el caso de las dos primeras categorías, se les brindará atención de igual forma que a los nacionales.

La oficialización de la medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129, en el que se argumentó que se buscará "garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño".

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"Es importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país no resulta ajena a Salta, la cual ha sufrido una merma en su erario, no sólo por el recorte de las transferencias nacionales, sino también por la disminución de la recaudación producida por la propia crisis económica, por lo que en tal escenario y ante la emergencia económica declarada tanto a nivel nacional como provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece día a día los insumos, medicamentos y elementos necesarios para garantizar la atención sanitaria, resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta", indicó el comunicado. 

La necesidad de regular el acceso al sistema de salud público para los extranjeros se basa en la particular posición geográfica de la provincia, que limita con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay), por lo que de manera habitual y constante recibe una gran cantidad de personas del exterior que solicitan atención sanitaria.

Al respecto, el Gobierno de Salta destacó que, desde diversas naciones, se organizan "tours sanitarios" que ofrecen atención en los hospitales del sistema público provincial, requiriendo en muchos casos tratamientos prolongados y de altos costos, como así también cirugías y cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados.

Ante esta situación, consideró "imperioso brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia, para proteger la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, frente a la problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos".