El control del Centro de Información Judicial fue el primer cortocircuito entre el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor, Ricardo Lorenzetti. Pocos días después de asumir al frente del máximo tribunal, el primero tuvo que reclamarle al segundo de manera formal que entregara las claves del sitio en el que se publican las resoluciones de la Justicia federal. Esa resolución fue el primer registro escrito de una disputa de poder que continúa hasta hoy. 

Durante la presidencia de Lorenzetti, la que estuvo a cargo del portal fue María Bourdin, que era la secretaria de Comunicación y Gobierno Abierto. Con la llegada de Rosenkrantz, por una cuestión de jerarquías, el sitio iba a estar comandado por él, aunque ese cambio de mando no fue en paz.

La conducción la tomó Juan Pablo Lahitou, ex segundo de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro, un organismo clave en la estructura institucional del macrismo. A través de una resolución interna, el nuevo jefe de la Corte ordenó que el Secretario General de Administració recuperara "la totalidad de los dispositivos tecnológicos" y las claves necesarias para la administración del CIJ. 

La decisión de Rosenkrantz rompió una tradición en el palacio: que las medidas sobre el funcionamiento de las oficinas que dependen de la Corte se discutan y se definan a través de un acuerdo entre los ministros. A contramano de esa regla no escrita, el presidente entrante dejó plasmado en papel (que se hizo rápidamente público) el primer enfrentamiento con su predecesor.

Hoy, después de varios fallos que dejaron cada vez más aislado a Rosenkrantz, el power trío de la Corte le devolvió al extitular ese poder: con los votos del propio Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal dispuso que el CIJ quede a cargo de Pablo Méndez, un hombre de Bourdin que se desempeñaba como subdirector general de Comunicación y pasó, igual que ella, a la vocalía de Lorenzetti.