Como parte de su plan "motosierra", el presidente Javier Milei comenzó con los recortes a los fondos fiduciarios, tal como había anunciado para terminar con las "cajas negras de la política". En este marco, analiza reducir el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), asociado al dirigente social y exprecandidato a presidente Juan Grabois, quien se defendió de las acusaciones sobre el supuesto manejo irregular del dinero.

Por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, el referente del Frente Patria Grande se refirió al fondo destinado a solventar proyectos de integración socio urbana para los barrios populares y del que solo se habría terminado el 6% de las obras: "La ‘caja’ que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)".

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el jefe de Estado tiene en su despacho para la firma un decreto mediante el cual modificaría la distribución de la recaudación del Impuesto PAIS y reduciría los recursos del FISU -que en la actualidad recibe el 9% de los ingresos de dicho tributo- al asignarle sólo el 0,3%.

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Entre los documentos que llevan firmas del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el de Legal y Técnica, José García Hamilton, se da cuenta de que el proyecto de decreto ya obtuvo el aval de la subsecretaría Legal, la subsecretaría de Presupuesto y la subsecretaría de Ingresos Públicos del ministerio de Economía.

Respecto a las denuncias por el supuesto uso irregular de recursos, la agencia de noticias Télam informó que el gobierno de Milei se encuentra analizando los fondos que la dirigente Fernanda Miño, cercana a Grabois, manejó durante la gestión de Alberto Fernández a través de la secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. La auditoría está a cargo de la subsecretaría de Integración Socio Urbana.

Frente a las acusaciones, el dirigente social advirtió que "para erradicar el hacinamiento, urbanizar todos los barrios populares y crear el millón de terrenos familiares con servicios destinados a viviendas y quintas productivas -que es lo que necesita Argentina si quiere resolver su crisis habitacional y alimentaria- en un plan de 8 años, se necesitan aproximadamente USD 3000 millones anuales".

"Cuando gobernemos, los barrios van a tener todo lo que necesiten, cada argentino va a tener un terreno y un crédito para construir... ¿y sabés como la vamos a financiar? Con la que se afanan evadiendo impuestos, saqueando los recursos naturales, contrabandeando, pagando deudas ilegales y obteniendo rentas indebidas las corporaciones, los multimillonarios y las verdaderas castas", sentenció.