Después de que se revelara que Alfredo Astiz está en una de las listas que elaboró el Servicio Penitenciario Federal con los presos que estaban en condiciones de acceder a la libertad domiciliaria o a la condicional la polémica volvió a estallar.

Hace apenas dos semanas, se había conocido que dentro de esas listas había otros represores, además de abusadores y homicidas, entre los que se encontraban, por ejemplo Jorge “el Tigre” Acosta. Astiz estuvo con él en la ex ESMA. Como parte de uno de los grupos de tareas, se infiltró en la Asociación Madres de Plaza de Mayo y marcó a quiénes debían ser secuestrados y desaparecidos.

“El Ángel de la Muerte” tiene actualmente dos condenas a prisión perpetua por los crímenes ocurridos en la ex ESMA. Además, fue condenado en Roma (en ausencia) por el caso de dos ciudadadnos italianos que fueron vistos por última vez en ese centro clandestino.

“Ofenden la memoria de los 30000 desaparecidos”, aseguró Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y agregó: “es una más de las tantas medidas aberrantes que está tomando el gobierno de Macri”. Por Twitter, Claudio Avruj salió a despegarse: “expresamos una vez más nuestra posición institucional de rechazo”.

La situación en Tribunales no es la mejor. Los jueces (y juezas) son bastante críticos al respecto a estas listas y las libertades anticipadas. Son los y las magistradas las que tienen que “poner el gancho” ante cualquier salida anticipada. Tal como detalló El Canciller, todavía recuerdan las reacciones que produjo episodio Miguel Etchecolatz, a quién le otorgaron un domiciliaria en diciembre. Hace una semana, Casación revirtió la decisión.

Peor es el humor en los juzgados de Ejecución Penal, el fuero que se encarga del cumplimiento de condenas, prisiones en suspenso y probations. “¿Quieren que pague el costo político de esto para que después me pidan juicio en el Consejo de la Magistratura?”, se preguntaba uno de los jueces hace un par de semanas.

¿Hay más represores en sus casas?

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra La Humanidad, de los 1038 represores detenidos, 549 cumplen arresto domiciliario. En marzo de 2016, a 40 años del golpe cívico-militar, eran 1065 los genocidas detenidos y de esos, 446 cumplían arresto en sus casas.

Pero si se ve la progresión desde marzo de 2015, se observa que hubo un aumento en los militares imputados que están en libertad. En marzo de 2015, había 628. En el mismo mes pero de 2016, había 909 libres y eran menos que los genocidas presos (1065). Los últimos datos muestran que esa tendencia se revirtió. De todos los imputados, en diciembre de 2017 había 1305 que estaban libres y 1038 que estaban detenidos (lo que incluye cárceles, domicilios y hospitales).

En el caso de Astiz, el documento del SPF asegura que tiene cáncer de próstata y que si bien la atención carcelaria está garantizada “puede no ser la adecuada para su tratamiento. Eso no es nuevo: muchas veces los tribunales optan por enviar a su casa a aquellos que consideran que tienen un estado de salud demasiado deteriorado.