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A casi dos meses de que el ministro de Producción, Francisco Cabrera los llamara “llorones”, la Unión Industrial Argentina (UIA) se metió en la polémica por las tarifas de luz y gas y criticó -con ciertos matices- la política energética del Gobierno: "Por supuesto afecta, son cuestiones transversales, afectan a casi todos, al público en general, al comercio y a la industria”,  dijo Miguel Acevedo, su titular.

Mientras el Gobierno atraviesa una semana clave en el futuro de su esquema tarifario, Acevedo morigeró el tono de las críticas, aunque contó que en las reuniones mensuales con industriales de todo el país "es uno de los temas principales: el costo argentino dentro de lo que está la tarifa". En diálogo con FM La Patriada, agregó: "Nosotros cuando estamos juntos hay mucha gente que se queja muy fuerte y con mucha razón, porque es un costo adicional al costo argentino". 

A principios de marzo, el ministro Cabrera les pidió a los industriales: "Hay que dejarse de llorar". La frase causó varios días de guerra fría entre los empresarios y la cúpula del Gobierno. Acevedo se refirió al episodio y admitió que"el Gobierno dialoga mucho pero escucha poco". Según él, al sector textil y del calzado “les está costando muchísimo”.

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No obstante, el titular de la UIA desempolvó la “pesada herencia” y criticó el modelo tarifario del kirchnerismo, ya que "los precios de la energía estaban locos, ahora se están tratando de reubicar". La irrupción -aún con las críticas moderadas -de la UIA se ve como un intento de recomposición de relación con Cambiemos, aunque con ciertos límites y exigencias.

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La reaparición de Acevedo se da en una semana de alto voltaje político para el Gobierno, que busca a través del ministro de Energía Juan José Aranguren por orden del presidente Mauricio Macri que las provincias (es decir, los gobernadores) “compartan” el costo político de los tarifazos. Los empresarios son un engranaje clave en la cadena, ya que suelen transladar los aumentos a los precios y estos ejercen presión sobre la inflación, el gran Talón de Aquiles de la política económica del Gobierno.