Por la ausencia de Highton, posterga la Corte la audiencia por Farmacity y le da respiro a Quintana
En un breve comunicado, la Corte Suprema informó hoy que suspendió la reunión que tenía prevista para el 29 de agosto, en la que se iba a tratar el desembarco de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires, y no anunció una nueva fecha.
El argumento es que la vicepresidenta del cuerpo, Elena Highton de Nolasco, no estará en el país entre el 27 y el 31 de este mes, por asistir a la Primera Reunión Preparatoria y Segunda Reunión de la Comisión de Género y Acceso a Justicia de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia.
La audiencia pública tenía una "finalidad informativa" en el marco de la causa "Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria – recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", una de las principales batallas del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
El funcionario formaba parte del directorio de Farmacity, al que renunció al asumir en el Estado, pero conservó el tres por ciento del paquete accionario y tiene participación en la sociedad Partners I, que posee acciones nominativas "clase A" que representan el 53% de los votos. Es decir que, en los hechos, controlaría la empresa, aunque él siempre lo negó.
La compañía, mientras tanto, lanzó una agresiva campaña en redes sociales para hacer frente a las acusaciones. Con el hashtag #DatosNoOpiniones, la cuenta de Twitter de la cadena de farmacias comparte desde hace días videos de empleados y clientes, para intentar ablandar la imagen de la firma.
En abril de este año, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó una ley para impedir que la cadena se instale en territorio bonaerense, lo cual derivó en una acción judicial por parte de la empresa, que terminó con un fallo adverso de la Corte provincial. Por eso Farmacity apeló a la Corte Suprema.
En paralelo, la Procuración Generla de la Nación, ya sin Alejandra Gils Carbó, dictaminó que la ley era inconstitucional y le tiró la pelota al máximo tribunal nacional, que debe dictar sentencia.
Imputación
Quintana fue imputado por el fiscal Ramiro González por los supuestos delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses, por la posible gestión del número dos de Marcos Peña en los acuerdos que algunas empresas, que podrían ser suyas (entre ellas Farmacity), tienen con el Estado. La causa está radicada en el juzgado de Ariel Lijo, que aun no emitió ningún fallo.
