El martes la Avenida 9 de Julio fue el escenario de una nueva movilización de la izquierda. En esa ocasión, el reclamo fue por una mayor asistencia y cantidad de planes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social había tomado la decisión de cerrar el cupo de beneficiarios del Potenciar Trabajo y otros programas de asistencia como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE).

Además, las organizaciones piqueteras y movimientos sociales no afines al Gobierno denunciaron que los planes se encuentran únicamente bajo la órbita de los intendentes y los sectores pertenecientes al Frente de Todos (FDT). En ese sentido, pidieron su “universalización” y que “realmente donde haya una necesidad haya un derecho”.

Lejos de calmar las aguas, el ministro Juan Zabaleta le tiró un bidón de nafta al fuego. “No va a haber más altas de planes sociales”, sostuvo en declaraciones periodísticas. Asimismo, advirtió que no admitirá ninguna “extorsión” por parte de los manifestantes: una línea discursiva que reafirmó otro dirigente de los movimientos sociales cercanos a la Casa Rosada, Fernando ‘Chino’ Navarro, quien planteó: “Esa virulencia de reclamar en la calle como si se viniera el fin de la civilización me parece exagerada”.

Lo cierto es que la decisión que fue tomada en noviembre, con el recambio en la cúpula del Ministerio, pero que se ejecutó ahora. Entonces, ¿por qué no se tomó en ese entonces? En conversación con El Canciller, un hombre cercano al funcionario nacional explicó: “Veníamos de perder una PASO, con debilidad política. Y esto no es una decisión administrativa, es política. Además, en diciembre estaban los 20 años del 2001”.

La espada del FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no escapa a casi ninguna temática involucrada dentro de la coyuntura actual de la política nacional. Con las exigencias que el organismo multilateral impuso en el entendimiento firmado con el equipo del ministro Martín Guzmán, el Estado nacional deberá reducir en gran medida su déficit fiscal y emisión monetaria.

En la coalición gobernante, los sectores más asociados al kirchnerismo entienden que esos condicionamientos, que serán auditados trimestralmente por el staff de la entidad financiera, serán una espada de Damocles colgando de la cabeza del Estado argentino que comprometerá su crecimiento en los próximos años. Entonces, la presión de las facciones más radicalizadas del oficialismo se revitaliza con decisiones como las de limitar el cupo a los planes sociales. ¿Detrás de la medida se encuentra una motivación fiscalista de cumplir con los criterios del Fondo?

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación.

“No va haber ajuste”, aseguró Zabaleta en las mismas declaraciones donde también ratificó la decisión de su ministerio. La idea de la cartera social es destinar esos recursos a “aportar máquinas, herramientas e insumos para la producción para fortalecer a las cooperativas y generar trabajo” genuino.

En los despachos aledaños al del ministro sostuvieron que “no se ajusta el gasto” y mencionaron que en noviembre, diciembre y enero se invirtieron $40.000 millones en bancos de herramientas, playones deportivos y el programa Mi Pieza. “Eso es guita abajo que genera laburo genuino”, concluyeron.

"¿Por qué no dicen abiertamente que es por eso?"

A su vez, Zabaleta señaló que "desde el 3 de enero pasado, el Ministerio permitió que cada beneficiario del Potenciar Trabajo eligiera en qué Unidad de gestión quiere trabajar”, frente a la demanda de cambios de Unidad de Gestión. “A algunos les preocupa que la gente tenga la libertad de irse de la Unidad en la que está participando”, dijeron a este medio desde el Ministerio.

El funcionamiento es el siguiente: cada titular del programa se refiere a una unidad ejecutora, que tiene actividades de distinto tipo. Esa unidad es municipal, provincial o de una organización social o política. “Hay gente que se quiere ir de ahí, por diversos motivos. Tiene la libertad de irse. Eso le preocupa a las organizaciones, porque no le pueden decir a la gente que le sacan el plan si se van de ahí”, plantearon desde la cartera social, donde entienden que la medida traslada una cuota de ‘poder’ desde las organizaciones a los beneficiarios.