Luego de dos años y medio de inefacia en la ejecución de corredores viales, el Gobierno nacional derogó este martes cinco de los seis contratos de Participación Público Privada que quedaban vigentes del gobierno de Mauricio Macri.

"Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de las argentinas y argentinos. Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares", explicó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al realizar el anuncio.

La rescisión de los cinco contratos se hizo de forma dispar: cuatro fueron de mutuo acuerdo con las empresas privadas y uno se frenó de manera unilateral por parte del Gobierno. Estos contratos, que debutaron en abril de 2018 bajo la gestión de Cambiemos, implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.

En aquel entonces, previo a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Macri recibió 32 ofertas en la primera licitación de obras viales bajo la modalidad PPP. La obra contemplaba la construcción y mejora de autopistas y rutas de seis corredores viales del país.

Desde Vialidad destacaron que la licitación había sido un éxito ya que la apertura de las propuestas había dejado en evidencia un fuerte interés de los empresarios. En 2019, se esperaba que muchas obras fueran ejecutadas bajo la Participación Público Privada.

"Las obras en los seis corredores viales producirán una reducción enorme en los costos de logística, aumentarán la seguridad vial y mejorarán la conexión entre ciudades", destacaba en su momento el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La licitación fue lanzada en enero del 2019 y apuntaba a modernizar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y crear una nueva red de autopistas y rutas seguras de más de 7.000 kilómetros, lo que proyectaba una inversión estimada de u$s6.000 millones en los primeros cuatro años.

Sin embargo, tras casi dos años, la ejecución del Plan de Obras Principales llegó, en promedio, solo al 2%. A su vez, estos contratos que debían impactar en el Programa Rutas Seguras con la realización de 4.000 kilómetros, solo registran 6 kilómetros en su haber.

Desde el Ministerio señalaron que el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda no se cumplió y en algunos casos la parálisis era total. Las empresas tampoco realizaron "el cierre financiero". Es decir, el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, como tampoco se cumplió con el incremento del monto de la garantía de acuerdo a lo estipulado en los contratos.

Luego de amenazar en los últimos días con la "rescisión unilateral y la ejecución inmediata de las garantías contractuales por incumplimiento de los cierres financieros", el Gobierno selló con las empresas implicadas un "acuerdo mutuo de extinción contractual" para lograr una salida más protocolar.

Ese convenio contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, una erogación inicial inferior a los U$S 2.000.000 para cada concesionario y la apertura de una negociación por 60 días para aprobar el balance de los corredores y la liquidación final de los reclamos.