Las elecciones en Venezuela para renovar la Asamblea Nacional (AN) tuvieron un desenlace previsible: escasa asistencia a las urnas y el rechazo por parte de la mayoría de la oposición a los resultados anunciados que otorgan la mayoría de la nueva composición del parlamento al chavismo.

La baja participación fue inocultable y el propio oficialismo tuvo que reconocerlo en su recuento de votos al señalar una abstención que superó el 70% del padrón. No obstante, el líder opositor Juan Guaidó advirtió que esta cifra es aún más alta y rondaría el 85%.

En este contexto, la comunidad internacional desconoció los comicios y la nueva mayoría chavista. Rápidamente, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, advirtió que "el fraude ya se ha consumado" y calificó el acto electoral como "una farsa".

En el mismo sentido, un documento firmado por Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, ratificó que no consideran válidas las elecciones parlamentarias del domingo en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno nacional optó por evitar cualquier comentario en forma oficial tanto a través de Cancillería como de sus representantes en la OEA y en la ONU. Es sabido que el tema presenta grandes divergencias dentro de la coalición oficial como reveló el debate intestino por el respaldo al informe de la misión de la ONU sobre la violación a los DDHH por parte de Nicolás Maduro.

El silencio oficial no impidió, de todas maneras, que una cantidad de referentes ligados al kirchnerismo como José Campagnoli o Daniel Catalano viajaran a Venezuela como "veedores" para respaldar al proyecto chavista.

Así, nuevamente, la política exterior del Gobierno quedó presa de las internas de la coalición oficial que impidieron cualquier pronunciamiento en un asunto que preocupa a la comunidad internacional.