La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- informó sobre las medidas que rigen sobre los empresarios Cristobal López y Fabián de Souza. El organismo recaudador instó a los ¿ex? dueños de Grupo Indalo a pagar los salarios a pesar de tener inhibidos parte de los bienes que corresponden a las aproximadamente 70 empresas que administran.

Asimismo, la AFIP aclaró que las acciones entabladas contra los empresarios no buscan solamente que paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. De esta manera, los ocho mil millones de pesos adeudados en razón de impuestos de combustibles ya no son suficientes para solucionar los conflictos judiciales López y De Souza que, al parecer, deberán responder ante la Justicia Penal.

"Las acciones de la AFIP no buscan solamente que  López  y De Souza paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad"

El martes a la tarde, la AFIP rechazó a López y De Souza la venta de los activos de Grupo Indalo, al negarle el levantamiento de la inhibición de bienes que actúa sobre las empresas de los acusados, al considerarla una idea "insuficiente y poco contundente". Cristobal había solicitado la anulación del embargo para poder pagar salarios.

Sin embargo, pese a rechazar la solicitud, desde el organismo recaudador se instó a los empresarios a pagar los sueldos que están adeudando alegando que pueden usar otros bienes para hacerlo. La AFIP explicó que la inhibición "corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial".

"Los citados titulares de las empresas  pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales"

La causa está fuertemente vinculada a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. En la misma se investiga también el rol que pudo haber tenido el ex  director de AFIP Ricardo Echegaray, debido a que el juez federal Julian Ercolini no cree que dicha maniobra de evasión impositiva puede haber sido pasada por alto por quienes controlaban el organismo.

Para Ercolini, en la investigación "se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio, y el consecuente monto millonario emergente de la maniobra".

Las resoluciones de AFIP

  1. La inhibición general de bienes establecida por la justicia alcanza  a los bienes de  Cristóbal López  y Fabián de Souza y parte de sus empresas (aprox. 70)  en el marco de la denuncia por administración fraudulenta que presentó la AFIP.

  2. Esta limitación corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro   tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial.

  3. En anteriores oportunidades el Juzgado, los Veedores, el Fiscal y esta AFIP ya prestaron conformidad a actos de disposición de bienes registrables debidamente fundamentados.

  4.  Los citados titulares de las empresas  pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros.

  5. Es así que, a pesar de no haberse autorizado aún la venta de las acciones, el gerenciamiento de las empresas está en manos de terceros administradores tal como fuera informado al juzgado interviniente.

  6. Se destaca que las restantes empresas y activos no sujetos a inhibición son de absoluta disponibilidad de sus dueños y pueden ser afectados al pago de compromisos de distinto tipo que estos mantengan como resultado  de su actividad empresarial  en conjunto.

  7. Las acciones de la AFIP no buscan solamente que  López  y De Souza paguen los impuestos que deben, sino también, que respondan por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad.