En su primer aniversario como presidente, Javier Milei derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 895/2021, que extendía hasta 2025 la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por pueblos originarios declarada en la Ley 26.160, y de esa forma habilitó los desalojos en el sur del país, en donde hay mayor conflicto territorial.

La medida fue tomada a través del DNU 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial de este martes, en cuyos considerandos el mandatario y sus ministros sostuvieron que la prórroga de esa emergencia generó "inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores".

Asimismo, desde el Gobierno aseguraron que la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tengan como objeto los desalojos "impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes".

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En este marco, la normativa subraya que el Ejecutivo nacional estableció "como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho no solo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país".

A su vez, apuntó que "resulta necesario dar respuesta urgente a los afectados por la inusitada extensión de la emergencia y garantizar el pleno ejercicio del derecho constitucional citado, además de poner fin a una situación que coloca en peligro a la soberanía nacional".

Además de establecer el fin inmediato de la emergencia y la suspensión de desalojos dispuestas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el decreto -que entrará en vigencia este miércoles- solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación que evalúe el dictamen correspondiente sobre la normativa, para tratarlo en cada Cámara en un plazo de 10 días hábiles.

Tras la publicación de la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de sus firmantes, Federico Sturzenegger, destacó que el DNU "pone fin a una lesión al derecho de propiedad" que se arrastraba "desde 2006", cuando fue sancionada dicha ley.

Sobre esa norma, aseguró que "motivó la proliferación de este tipo de tomas" y precisó: "Fue prorrogándose sucesivamente por las leyes 26.554, 26.894, 27.400 y, la última, por el DNU 805/21, que hoy se deroga. Queda así cerrado un capítulo más de los muchos por los que el Kirchnerismo nos fue hundiendo en la anomia".

Tras criticar esas extensiones, el funcionario agregó que "solo era cuestión que llegara un Presidente como Javier Milei con la voluntad de poner las cosas en su lugar", y prometió que "nada de lo dispuesto por el DNU 1083/24 lesiona o disminuye los derechos de los participantes en un conflicto". 

"Simplemente no avala la fuerza como mecanismo para su resolución, reinstaurando el estado de derecho que nunca debimos haber abandonado", sentenció sobre la normativa, que lleva también las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el canciller Gerardo Werthein y los ministros Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).