Mensaje al Gobierno: complica el Consejo de la Magistratura el juicio político a Rafecas
El Consejo de la Magistratura es el lugar que el Gobierno eligió para dar la batalla contra los jueces. Allí es donde se definen las ternas para los cargos vacantes y también donde con nueve votos de los trece posibles se envía a un juez a juicio político.
El esquema es el siguiente: hay representantes por los abogados (Adriana Donato y Miguel Piedecasas); por los jueces (Luis María Cabral, Gabriela Vázquez y Leónidas Moldes); por Senadores (Maria Virgina Garcia, Mario Pais y Ángel Rozas ); por Diputados (Pablo Tonelli, Rodolfo Tailhade y Gustavo Valdéz). La lista la completan el académico Jorge Candis y el representante del Ejecutivo Juan Bautista Mahiques.
Actualmente, el Gobierno tiene un núcleo duro que suele votarle las propuestas: los oficialistas Tonelli, Rozas, Valdéz, Mahiques más los dos abogados Donato y Piedecasas: y los jueces Cabral y Moldes. Estos ocho votos le garantizan una mayoría y lo dejan a sólo un voto del número requerido para mandar a un juez a jury.
No obstante, en la audiencia de hoy, Cabral y Moldes marcaron distancia respecto a un deseo en concreto del oficialismo: llamar a Daniel Rafecas a que de explicaciones por un fallo. Si bien la citación salió igual, empantanó -por ahora- el sueño de mandarlo a juicio.
Cambia, todo cambia
Los consejeros duran en su cargo cuatro años. En el caso de los diputados y senadores, hay que tener en cuenta que si abandonan o terminan su mandato, también se van del Consejo.
El primer cambio será entonces la salida de García, cuñada de Máximo Kirchner, en diciembre. Se especula que será reemplazada por un senador más dialoguista del PJ, algo que Cambiemos espera con mucha expectativa.
El año que viene será año de elecciones para jueces y abogados, que terminan su mandato en el Consejo en noviembre de 2018, lo que también generará un festival de nombres y de rosca entre jueces.
Mientras tanto, va cocinándose una reforma al Consejo, que lo lleve de 13 a 16 miembros, con más presencia de jueces y abogados. La idea es que se vote antes de las elecciones y pueda ser aplicada a fines del año que viene.
