Los gobernadores provinciales ya prepararon los amparos para ir a la Corte Suprema de Justicia. Los mandatarios no quieren financiar las medidas paliativas para la crisis que el gobierno anunció luego de las PASO. Aseguran que el Poder Ejecutivo Nacional está incumpliendo el pacto fiscal. Calculan que se trata de un costo en la recaudación que asciende a 35 mil millones de pesos hasta fin de año. El oficialismo puso a Rogelio Frigerio a negociar mano a mano con los mandatarios de los distritos.

Este lunes se reúnen los fiscales de Estado de las provincias. Pese a ser una de las más perjudicada por la baja de la recaudación, Córdoba no acompaña el reclamo a la Corte al que acudirían de 19 provincias. El listado se compone por San Juan, Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Tucumán, Formosa, Neuquén, La Rioja, Chubut, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Santa Fe y Salta.

El diputado nacional del Pro Eduardo Amadeo recordó a los mandatarios que “las provincias tienen superávit”, mientras que “las medidas que tomamos benefician a las clases más bajas”. “Los gobernadores deberían apoyar la medida porque les sobra la plata”, afirmó en diálogo con radio Cultura.

El viernes, senadores del bloque Justicialista hicieron eco del reclamo de los gobernadores opositores y presentaron un proyecto de ley para compensar financieramente a las provincias. La iniciativa fue encabezada por el catamarqueño Dalmacio Mera, y acompañada por el cordobés Carlos Caserio -jefe del bloque- y el chubutense Alfredo Luenzo. 

El proyecto pretende crear una partida presupuestaria de 40.000 millones de pesos, en el marco del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, a los fines de compensar el costo fiscal que sufrirán”, señaló Mera a Parlamentario.com.

Según señaló Ámbito, “en la Casa Rosada apuestan a desarmar el bloque de mandatarios para negociar con cada provincia por separado, y se rehúsan a poner en agenda el concepto “compensación”. A cargo de las bilaterales estaría el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que quiere evitar el despliegue masivo ante la Corte.