Lucía Pérez tenía 16 años y murió (fue asesinada) en octubre de 2016. A juicio llegaron tres hombres, todos mayores de edad, que negaron haberla violado o matado. Hoy, tres jueces los absolvieron. ¿Por qué? Por una mala investigación de la Fiscalía, por ausencia de pruebas y por la nula perspectiva de género que hubo dentro del tribunal que llevó adelante el caso.

Matías Farías (25) y Juan Pablo Offidani (43) fueron condenados, no obstante, a ocho años de prisión por la tenencia para comercialización de estupefacientes. Tendrán que pagar una multa, pero no tendrán que responder por el crimen de Lucía. Alejandro Maciel (61) estaba acusado de encubrir a los otros dos hombres y fue absuelto.

"Cuando la violencia machista no es atendida por el Estado, se transforma en violencia institucional", dijo el abogado que representó a la familia de la adolescente, acaso el que más intentó profundizar sobre la temática. El caso de Lucía es un ejemplo -otro más- de violencia institucional y de una mirada misógina que hay sobre las víctimas. Pero no puede reducirse únicamente a eso.

Cuando la investigación recién comenzaba, la fiscal María Isabel Sánchez habló de una "agresión inhumana”, de un empalamiento y de que Lucía había muerto "por reflejo vagal”, por el dolor que le habían provocado. Fue en una conferencia de prensa que dio en Mar del Plata. Pero nunca se probó en la causa.

Los informes forenses que se hicieron luego, la Junta Médica que se realizó antes de elevar a juicio la causa y los testimonios de los profesionales durante el debate dejaron en claro que fue totalmente apresurado hablar en esos términos. Explicaron, además, que no había evidencias que pudieran sustentar la hipótesis de abuso sexual. A esto se suman las palabras de un técnico del cuerpo médico forense que, al principio, había dicho que el cuerpo de Lucía había sido lavado. Cuando se lo preguntaron en el juicio, explicó que no tenía forma de corroborar si esto era así o no.

En este panorama, se llegó a los alegatos. La acusación era por abuso sexual y por femicidio, además de la venta de drogas. Lo que delineó la fiscal Sanchez había quedado desdibujado y sin sustento jurídico.

¿Podría haber existido otro camino? Todo hace indicar que si. Lucía tenía 16 y los hombres que le vendieron droga y la llevaron a su casa para mantener relaciones sexuales con ella le llevaban entre 7 y 25 años. ¿No hay acaso una responsabilidad? ¿No hay un aprovechamiento? ¿No hay una relación desigual de poder más allá de ese consentimiento que supuestamente brindó la adolescente?

El fiscal que llevó adelante el juicio, Daniel Vicente, esbozó algo en su alegato. Hablo de asimetría de poder y de una cosificación por parte de los imputados, que utilizaron a Lucía como "un instrumento para su satisfacción sexual”. Por eso sostuvo la calificación de femicidio y abuso sexual.

En derecho, una de los cuestiones clave es el derecho a la defensa. Hasta el personaje más monstruoso tiene su derecho a defenderse, y para eso debe estar muy claro el hecho por el que se lo acusa. En este caso, el abuso sexual y el femicidio. ¿Cómo se podía sostener después que los hechos habían sido otros y que la secuencia no era como se había planteado? Cualquier defensa oficial plantearía que se vulneraba su derecho a la defensa porque no estaba claro de qué se los acusaba.

La resolución del caso podría haber sido diferente si se planteaba con perspectiva de género. Si desde un principio, cuando se evidenció que el abuso sexual no se podía comprobar, se establecía el aprovechamiento, la responsabilidad de los dos hombres, el uso de su "negocio personal” para "cautivar” a la adolescente y poder aprovecharse de ella. El descarte del cuerpo cuando no supieron qué hacer después de que desvaneciera y muriera a causa de asfixia tóxica por consumo de cocaína.

Los fundamentos del fallo de los jueces Pablo Viñas, Aldo Carnevale y Facundo Gómez Urso todavía no se conocen. Pero si quedó en evidencia la nula perspectiva de género que mostraron cuando varios testigos intentaron explicar el contexto de violencia y de aprovechamiento que hay en los casos que involucran muertes de mujeres jóvenes. No les dieron lugar y hasta los cuestionaron abiertamente. No fueron (o no quisieron) profundizar sobre el tema, más allá de las irregularidades de la causa.

El asesinato de Lucía quedó sin responsables. Sin respuestas por una fiscal deficiente a la que hoy se ordenó que se investigara su trabajo. Por testigos que afirmaron algo y luego dijeron otra cosa. Porque el sistema judicial aún no está en condiciones de resolver femicidios y muertes violentas con algo que no sea la estigmatización de las mujeres víctimas.