El Gobierno nacional y las organizaciones sociales se reunieron para avanzar en un acuerdo para definir las características de los actos en contra de la cumbre de presidentes. Pero no lograron ponerse de acuerdo.

El secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, escuchó en la sede del SERPAJ a una veintena de organizaciones relacionadas con la anticumbre del G20 y coincidieron en la necesidad de que las manifestaciones de protesta se hagan de manera pacífica.

Las diferencias entre las partes se centraron en temas como el recorrido de la marcha, la forma en que serán controlados los colectivos que transporten a los manifestantes, los “cacheos” y sobre todo las garantías básicas para que los organizadores aseguren que no haya gente encapuchada durante las protestas.

Cacheos, encapuchados y recorrido de la marcha: fracasa el Gobierno en su acuerdo por las protestas anti-G20

El punto que despertó la tensión entre dirigentes y los funcionarios fue por la marcha del viernes 30. Las calles y los recorridos de la misma fueron las que generaron los desacuerdos: los manifestantes quieren que el recorrido sea por la Avenida San Juan, 9 de julio y Avenida de Mayo hasta la Plaza de los dos Congresos. Pero el Gobierno planteó que la marcha pase por la avenida Independencia ya que la 9 de Julio estará cortada en su acceso a la Avenida de Mayo y al Obelisco.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad estableció que todos los micros que ingresen a la Capital o en los alrededores serán controlados y la gente podrá ser cacheada por medidas de seguridad. Algo que los organismos rechazaron. Tampoco hubo acuerdo pleno en relación a la garantía que puedan dar los organizadores para que no haya gente encapuchada y con palos en las marchas. 

El Gobierno se comprometió a que si hay detenidos, los abogados podrán ingresar en las fiscalías en caso de que haya personas demoradas. Y a la vez, se negociará con los hospitales públicos para que den a conocer a los abogados o líderes de organizaciones el listado de los eventuales heridos que se encuentren internados luego de una protesta.