“El Estado ha fallado y me responsabilizo”, dijo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Se refirió así al caso de Abigail, la nena con cáncer que entró a la provincia en brazos de su papá porque la policía se demoraba en permitirles el ingreso en auto. Las disculpas públicas de Zamora sonaron sensatas, pero llegaron muy tarde. Sobre todo después de que su ministro de Gobierno intentara embarrar la palabra de la familia. El caso descolocó a buena parte del peronismo, que osciló entre el silencio y la denuncia de un “uso político” de la oposición.

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La imagen de Abigail abre varios frentes de debate. Rápido de reflejos, Mauricio Macri compartió la imagen que empezaba a viralizarse y generó la reacción de muchos dirigentes que señalaron su hipocresía. Pero que Macri se conmueva con la historia o simplemente decida usarla para criticar al Gobierno, ¿desacredita el tema para el oficialismo? En varios casos, la solidaridad hacia la Abigail y su familia apareció acompañada de un “pero”, lo que la volvió poco creíble. “Pero los controles no tardaron tanto”, “pero fue un caso excepcional”, “pero el macrismo usa esto para criticar la cuarentena”. Este caso quedó minimizado en contraste con la posición de muchos funcionarios que, unas semanas atrás, se metieron de lleno y con declaraciones públicas en la pelea familiar de los Etchevehere. No sólo le pasa a la oposición: en el peronismo también parece haber ciertas restricciones para la empatía.

Superada la indignación inicial, aparece la pregunta de qué pasa en Santiago del Estero, donde Zamora decretó el toque de queda y definió que después de las 18 no se puede salir ni a comprar alimentos. En algunas ciudades crecen las protestas contra la “militarización” y la policía inició causas penales a ciudadanos por jugar al fútbol e incluso detuvo a un vecino por regar la vereda. Este fin de semana hubo una nueva conmoción en Añatuya: chocó y murió una joven que era perseguida por la policía por circular en moto fuera del horario permitido. Las situaciones no son exclusivas de Santiago: se extienden a otras provincias que también implementaron fuertes restricciones. El caso más notorio es el de Formosa, donde Gildo Insfrán recibió un fallo adverso de la Corte Suprema por negarse a permitir el ingreso de los más de 8000 ciudadanos varados en los límites de su provincia. Admitió que lo va a acatar, pero aprovechó para insistir con que el cuidado de “la vida” de los formoseños está por encima de la libertad de circulación.

Es cierto que Santiago y Formosa hasta ahora tienen números relativamente optimistas respecto al impacto en la pandemia en sus territorios y puede que en parte eso se deba a que fueron muy estrictos con el control de las fronteras. Pero esa decisión quizás también fue una manera de minimizar las deficiencias de un sistema de salud que no hubiera sido capaz de soportar un crecimiento exponencial de casos como sí lo resistieron otras provincias, incluso vecinas. El escenario es incierto porque hay dificultades para obtener datos sanitarios precisos en muchos municipios. Se trata además de provincias con entramados complejos, donde gobiernan familias de poder arraigadas y donde las victorias electorales sucesivas tienen condicionantes como el fuerte predominio del empleo público y la asistencia social. Son estructuras de poder difíciles de comprender desde la óptica porteña, que tiende en caer en apreciaciones polarizantes, entre denunciar caudillismo o resaltar liderazgos excepcionales que se reivindican en las urnas. Miradas muchas veces predefinidas, que caen en la grieta ignorando las realidades de las provincias.

¿Qué actitud debe tomar el Gobierno nacional frente a esto? Alberto Fernández asumió con la promesa de ser el presidente de los 23 gobernadores. Su mensaje fue el de profundizar el federalismo y abrir la discusión de la coparticipación, una deuda que pesa desde la reforma constitucional del ’94. Pero, también desde entonces, los gobernadores tienen en sus manos cuestiones sensibles como la reglamentación y la aplicación de las leyes nacionales. ¿Cuál debe ser la actitud de una gestión nacional con perspectiva federal ante casos de irracionalidad política en algunas provincias?

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Al principio del aislamiento el Presidente decidió centralizar la estrategia en su figura y no permitió que las decisiones de los gobernadores fueran a contramano de las de Nación. Luego les delegó el poder de seguir adelante con sus métodos. También eligió no meterse en uno de los primeros casos que adquirió notoriedad: el de Solange, la mujer que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre que no pudo ingresar a Córdoba por las restricciones que impuso el gobierno de Juan Schiaretti. ¿Cómo puede el Gobierno atender estos problemas sin avasallar el poder de los gobernadores? Y sobre todo, ¿hay una reacción distinta a las problemáticas del AMBA frente a la distancia “prudente” que se toma respecto al resto del país? Detenerse en denunciar el “uso político” de la oposición sobre ciertos temas podría implicar elegir la polarización por sobre la capacidad de atender situaciones en las que la burocracia -incluso la de los aliados- expone escenas de injusticia.