Luego de una semana agitada que se vio afectada por el paro de la CGT, cruces entre el Gobierno nacional y mandatarios provinciales por el consenso sobre varios puntos del proyecto de la controvertida ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el Congreso se prepara para debatirla esta semana, en caso de que el oficialismo consiga la mayoría necesaria, en el pleno de la Cámara de Diputados. El oficialismo lucha a contrarreloj para darle las últimas puntadas, tras el retiro del paquete fiscal de la iniciativa, y en medio de la tensión con la oposición “dialoguista”, ahora focalizada sobre todo en la delegación de facultades. 

Ahora, sin el aumento a las retenciones ni los cambios propuestos en la movilidad jubilatoria, parte de los opositores -que se preparaban para aprobar la iniciativa en general pero plantear reformas en artículos particulares- comienza alinearse a la estrategia de La Libertad Avanza.

No obstante, aunque la aprobación en general se da por descontada, el oficialismo busca que haya la menor cantidad de retoques en la votación en particular del articulado, ya que todavía hay disidencias respecto de temas como la pretensión de avalar 40 privatizaciones en bloque, los recortes en cultura y ciencia, y las reformas en la ley de Bosques y de Glaciares, además del tema de las facultades delegadas, que no terminan de convencer.

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En este marco, según informó la agencia Noticias Argentinas, fuentes libertarias revelaron que el temor es que, tras conseguir la eliminación del capítulo fiscal, esta oposición más afín a las ideas de Javier Milei -representada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- exija más cambios como condición para acompañar en el recinto.

La movilización de la CGT y la falta de acuerdos -sobre todo fiscales- entre los diputados y gobernadores “dialoguistas” con el Ejecutivo, hicieron que el oficialismo tome la decisión de posponer la sesión programada para el jueves pasado. En el mismo sentido, el Gobierno dio marcha atrás y suspendió más de 100 artículos de la iniciativa para lograr la aprobación en la Cámara baja y su pase con media sanción al Senado. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes en la Casa Rosada que, con el objetivo de acelerar el trámite parlamentario de la meganormativa, se quitarían del proyecto los artículos sobre blanqueo de capitales, moratoria, bienes personales, impuesto a las Ganancias, retenciones y movilidad jubilatoria. Estos ítems eran los que habían generado las mayores rispideces entre el bloque oficialista y los legisladores dispuestos a acompañar la iniciativa, aunque con reparos, para dar gobernabilidad a la gestión.

En medio de la tensión política y social, el miércoles pasado los principales gremios del país se movilizaron en rechazo al capitulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y de la propia “Ley Bases”, al mismo tiempo que Caputo reforzaba su posición contra los gobernadores, que explicitaban su desacuerdo con el proyecto, al señalar que las consecuencias serían un mayor ajuste en la provisión de fondos a las provincias: "No es una amenaza. Es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico".

Un día más tarde, el jueves, una sorpresiva salida de Guillermo Ferraro en el Ministerio de Infraestructura, sacudió el avispero político. En medio de rumores sobre una supuesta filtración de información que no debía salir de una reunión de Gabinete, se confirmó su salida del puesto y se anunció que el área fue absorbida por la cartera de economía a cargo del superministro Caputo. 

En este marco, continuaban las negociaciones para lograr que la denominada Ley Ómnibus avance con la media sanción en Diputados y llegue de una vez por todas al Senado, con la esperanza libertaria de que pueda ser aprobada definitivamente por el Congreso antes del final de las sesiones extraordinarias, que fueron extendidas hasta el 15 de febrero. 

Este domingo, Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo ya cuenta con la ansiada luz verde legislativa y que se respetaría lo negociado. “Hay acuerdos que se han hecho”, afirmó la ministra de Seguridad, mientras otras voces aseguran que todavía persiste un juego mutuo de recelo entre las partes que podría poner en riesgo la salida del megapaquete de normas para desregular la economía y reformar la estructura del Estado.