Controlar precios, multar a supermercados y hasta determinar a cuántos centímetros debe estar un producto en una góndola. Esas son algunas de las atribuciones que tendrá el Estado si el Congreso aprueba el proyecto de "ley de fomento de la competencia en la cadena de valor alimenticia" de Elisa Carrió, que busca regular las "prácticas abusivas" de los formadores de precios y garantizar que todos los productos del mercado tengan un valor razonable y, además, estén disponibles.

"Yo ahora me estoy por ir a acostar a las góndolas, allá abajo, para mostrarles a los supermercados como los precios más baratos me los ponen ahí", le dijo Carrió a Joaquín Morales Solá hace casi un mes, bromeando con la vez que se tiró debajo de una camioneta para burlarse de Aníbal Fernández. "De ahí me van a tener que levantar los dueños de los supermercados porque yo me voy a quedar ahí, acostada, en huelga", desafió.

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El proyecto, conocido como "Ley Góndola", encendió las alarmas en el Ministerio de Producción de y Trabajo que comanda Dante Sica. Es que el funcionario no cree en el control como herramienta dinamizadora de la economía; todo lo contrario. Desde que asumió Macri, en la Rosada intentaron evitar siempre que el Estado interviniera "a lo Guillermo Moreno" en el comercio interior. Solo mantuvieron (y ampliaron) el programa Precios Cuidados, que con el tiempo fue abandonando su objetivo de establecer precios de referencia y se convirtió solo en un listado de opciones "más baratas" (aunque no siempre) para los consumidores.

Entre los objetivos de la iniciativa, la líder de la CC destaca que se busca "aumentar el beneficio a los consumidores", "resguardar el equilibrio de la cadena de valor", "contribuir a la transparencia de los precios", "promover una mayor concurrencia de marcas" y "fomentar el acceso al consumo sustentable".

El texto del proyecto contempla, además, que el Estado monitoree y controle el proceso de formación de precios en los supermercados, establezca un "código de buenas prácticas" obligatoria para todas las cadenas y también un "observatorio de precios" para hacer un seguimiento sobre los aumentos. Incluso llega a establecer que el Estado determine la manera en que en los supermercados deben exhibir sus productos, no solo en proporción sino incluso en espacio.

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"La participación en góndolas será equitativa para los oferentes lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales", indica uno de los puntos, y otro agrega que estará "prohibido pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al veinte por ciento (20%) del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características".

Los artículos 29 y 30 hablan incluso de centímetros. "La forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los establecimientos supermercadistas, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría", indica uno de ellos. 

En otro se señala que "está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola, dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos" y se establece que "los productos de menor precio conforme la unidad mínima comparativa del artículo 30 de la presente ley, deberán encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros".