Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución judicial-política en su contra. La vicepresidenta realizó dos presentaciones, una en el Juzgado Federal de Río Gallegos y otra ante la AFIP, en la que asegura que, durante el gobierno de Mauricio Macri, en el organismo se armaron "grupos de tareas clandestinos" con la intención de armar un juicio en su contra.

La premisa de la dirigente fue volver a evidenciar que su situación judicial tiene su raíz en el lawfare. Esta teoría implica, según juristas, la decisión de los Tribunales en perseguir a dirigentes políticos, una vez que ellos dejaron el gobierno.

El ex canciller Rafael Bielsa, uno de los principales difusores de esa hipótesis, sostuvo que la “persecución” judicial contra los líderes opositores se da en (casi) todos los casos, con la complicidad mediática.

La ahora presidenta en ejercicio -debido al viaje de Alberto Fernández- denunció que durante el macrismo la AFIP actuó como “un grupo de tareas” en coordinación con sectores de la Justicia. Y destaca los ocho llamados a indagatoria por el juez Claudio Bonadio durante el mismo día. La fecha fue el 25 de febrero, aniversario de la muerte de Néstor Kirchner.

"El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allana en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner con el consiguiente estrépito fori. Ese día, su hijo Néstor Iván, mi nieto, cumplía cuatro años. Aún recuerdo el temor de su madre que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura. En fin…”, escribió. A Bonadio, por caso, lo catalogó como "sicario judicial".