Tras el anuncio de los principales 30 puntos y la publicación en el Boletín Oficial del mega decreto de 366 artículos con el que el presidente Javier Milei sentó sus “bases para la reconstrucción de la economía argentina”, dirigentes opositores criticaron duramente la medida por considerarla inconstitucional y ”un avasallamiento de las facultades del Congreso". ¿Qué dice la Carta Magna sobre los DNU y cuándo pueden dictarse?

El inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo puede acudir a esta posibilidad cuando circunstancias excepcionales así lo requieran y no se pueda esperar la reunión del Congreso. No obstante, los DNU deben ser sometidos a una serie de pasos: entran en vigencia al octavo día hábil desde su publicación si no se especifica lo contrario, e incluso el Parlamento -que no tiene plazo específico para pronunciarse- puede rechazarlo. Si ambas cámaras se oponen por mayoría, caducan. Con que una de ellas lo avale, sigue vigente.

Tanto desde el peronismo como desde la UCR y la izquierda cuestionaron que el Presidente firmara la normativa como de "necesidad y urgencia", sin enviar leyes al Congreso para abordar los diversos temas sobre los que aplica reformas y desregulaciones.

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó directamente contra Milei, al asegurar que se trata de un decreto que "sin necesidad ni urgencia", que propone “destruir” los derechos de los trabajadores y "arrasar" con el patrimonio de los argentinos sin "pasar por el Congreso".

En tanto, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria liderado por Germán Martínez denunció un “brutal avasallamiento de las facultades del Congreso”. Al respecto, afirmaron que “avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el artículo 29 de la Constitución". Además, apuntaron a que la normativa es de una “nulidad insanable” y que quienes "la aprueben serán infames traidores a la Patria”.

Por su parte, la diputada del GEN Margarita Stolbizer consideró que las medidas van “a contramano de la institucionalidad  y el estado de derecho” y disparó sobre el anuncio del mandatario nacional en la noche del miércoles, previo a la publicación de la medida de 89 páginas en el Boletín Oficial este jueves: "El Presidente usa cadena nacional para denostar a la política y a los políticos, rodeado de ellos y sin asumir su condición de tal. A contramano de la institucionalidad y estado de derecho, anuncia la derogación de leyes x medio de un Decreto", crítico la diputada nacional.

La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra y el expresidente Alberto Fernández también se sumaron a las críticas sobre la inconstitucionalidad de la norma, que, aseguraron "solamente autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia”.

“Si deroga 300 leyes y modifica otras tantas el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes”, indicó Ibarra en una publicación que replicó el último exmandatario.

Desde la izquierda, los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño pidieron un plan de lucha callejera coordinado por la CGT y las dos CTA, para luchar contra la norma, sobre todo en sus aspectos referidos a la reforma laboral: “Prácticamente, Milei elimina el derecho a una indemnización. Ccreo que, a esta altura, la CGT va a tener que aparecer”.

“Es un plan de guerra contra el pueblo trabajador. Paro nacional activo ya”, exigió Bregman, mientras que Del Caño agregó: “Abajo el DNU y el ajuste de Milei contra el pueblo trabajador. La CGT y las CTAs tienen que convocar a un paro nacional y un plan de lucha para frenar este plan de guerra contra las mayorías populares”.

Con otro ángulo en sus reclamos, la legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña cuestionó que “entre tanta derogación” Milei no haya incluido “las jubilaciones de privilegio de los Presidentes, Vice y el clero”.

A través del diputado nacional Maximiliano Ferraro, la Coalición Cívica se manifestó también en contra del DNU, porque “lo anunciado por el Presidente de la Nación no cumpliría con los requisitos constitucionales” vinculados a la excepcionalidad.

“Es por eso que se procederá a la evaluación pormenorizada de cada ley derogada y/o modificada ya que el Presidente, pudiendo llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso, optó por arrogarse facultades legislativas”, advirtió el presidente del partido que lidera Elisa Carrió.

“La Coalición Cívica, a través de un comité presidido por Elisa Carrió, realizará un informe sobre la necesidad y urgencia, así como la posible violación de derechos constitucionales. Se procederá a un análisis de forma y contenido. Respecto del fondo de cada decisión nos pronunciaremos particularmente”, adelantaron.

Además de definir si avala o no el mega decreto del Ejecutivo, el Congreso también puede apuntar a impugnar su constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que podría -si considera que avasalla la Constitución de alguna manera- declararlo nulo y sin efecto.