La Corte Suprema de Justicia convocó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, a una nueva audiencia en la sede del máximo tribunal para el miércoles 18 de septiembre a las 11, en el marco del conflicto por la coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad, iniciado en 2020, durante la administración de Alberto Fernández.

Será el segundo encuentro después del realizado el 22 de agosto, cuando asistió sólo Macri y no Caputo, quien envió cuatro representantes, liderados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. 

En diciembre de 2022, el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar a favor del pedido de la Ciudad contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires.

Por unanimidad, el máximo órgano judicial del país le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. La medida cautelar obliga al Estado nacional a restituir ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50%. 

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Con la llegada a la Presidencia de Javier Milei, las partes se acercaron y, de hecho, el 19 de julio pasado Macri y el titular del Palacio de Hacienda mantuvieron una reunión en la sede del ministerio de Economía.

"A partir del 1° de agosto se empezará a cumplir la cautelar de la Corte", aseguró el jefe del Gobierno de la Ciudad tras el encuentro.

Sin embargo, ese compromiso se cumplió de una manera con la que el Ejecutivo porteño no está de acuerdo.

En primer lugar, Nación decidió que la diferencia entre ambos porcentajes se pagara de manera semanal y no por "goteo" diario, como lo dispuso la sentencia de la Corte Suprema que el Gobierno de Fernández incumplió. 

Según la Ciudad, debe respetarse el sistema vigente para todos los distritos, que establece transferencias diarias.

El Ejecutivo de Macri también se opone a la intención del Gobierno nacional de transferir el monto extra no como parte del volumen total de la coparticipación, sino como una suma aparte que de manera discrecional se asigna a las arcas porteñas. 

Y, además, todavía no se presentó ningún borrador para devolver unos USD 4.000 millones que fueron retenidos por la Presidencia anterior.

Lo cierto es que el jueves pasado la Procuración porteña le mandó una nota a la Corte Suprema en la que se plantea que la Nación persiste en el incumplimiento y también se reitera el urgente pedido de efectivización de la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con el "goteo" automático del 2,95% de los fondos coparticipables.