La Corte Suprema analizará el reclamo de La Rioja contra el decreto de Milei tras la feria judicial
El gobernador Quintela solicitó que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023. El Máximo Tribunal dio visto al Procurador, pero aclaró que se estudiará "luego del receso de enero".
El Gobierno de La Rioja solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del decreto 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto. El Máximo Tribunal dio vista al procurador interino, pero denegó abrir la feria, por lo que lo analizará en febrero.
La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una "acción declarativa de certeza" firmada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso la agencia Télam.
Además, reclamó que se habilite la feria judicial de enero para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa al Máximo Tribunal contra el DNU del presidente Javier Milei, que empezó a regir este viernes.
Como primera medida, la Corte dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es de su competencia o no, al tiempo que denegó la segunda solicitud, aclarando que se "estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".
En la "acción declarativa de certeza" de La Rioja se pidió que se declare "la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución" y que de manera inmediata "se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos". También se pidió a la Corte que ordene al Poder Ejecutivo "no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa".
La competencia del Máximo Tribunal se justifica en que en la causa parte de la demanda de una provincia al Gobierno nacional. "Se ha definido que también corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos", argumentaron los abogados.
El letrado Raúl Ferreyra señaló que "se le está pidiendo a los señores jueces que defiendan el federalismo y que sostengan la democracia y la armonía en paz de todos los argentinos", según afirmó en declaraciones al canal C5N.
"Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales", insistió por su parte Quintela, en su cuenta de la red social X (antes Twitter).