Jubilados y consumidores, la agenda legislativa inmediata del Gobierno

La recomposición de los haberes previsionales del 2,3% más una suma fija de 1.500 pesos a partir de marzo fue un anuncio agridulce y sin sonrisas. Con la fórmula de movilidad suspendida, a la mitad de los jubilados los derrota la inflación, que es la madre del borrego en la Argentina desde hace tres lustros. Aunque el oficialismo salió rápidamente y por todos los canales posibles a defender la decisión, nadie festejó nada. No hay margen ni clima.

Alberto Fernández es consciente de que en la Argentina de hoy las buenas noticias son un punto de vista: "Yo sé que no están todo lo mejor que deben estar y todo lo mejor que merecen estar, pero sé que hoy están un poco mejor de lo que estaban en diciembre", resaltó el Presidente en declaraciones radiales, en el segundo día consecutivo en que debió salir en medios periodísticos a justificar el aumento decidido en la Casa Rosada.

Si fuera realmente un beneficio generalizado y contundente, no haría falta tanta explicación. Y no solamente de Fernández, sino también del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien dijo que "no es un ajuste", contra las críticas de la oposición, que recordó que por mucho menos en diciembre de 2017 apedrearon el Congreso y generaron caos en las calles; del director de la Anses, Alejandro Vanoli, que destacó "el impacto de los remedios gratis" como medida complementaria, y de sindicalistas, como Andrés Rodríguez (UPCN) y Hugo Yasky (CTA), y algunos diputados nacionales, como Leopoldo Moreau y Cecilia Moreau, quienes también criticaron al gobierno anterior.

El Gobierno camina por la cuerda floja: con la deuda aún no reestructurada, sin programa económico develado y con la economía todavía empantanada, debe administrar la escasez de recursos sin que se le escapen los precios y tomar decisiones impopulares con una retórica finita, que no puede sostenerse en el tiempo sin resultados concretos.

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En ese contexto, el mismo día en que anunció la recomposición de los haberes jubilatorios y un vademécum de 170 medicamentos gratis, el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto que busca cambiar jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos y convocó a ambas cámaras a que designen sus representantes en la comisión encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional para el ajuste de los haberes de jubilados y pensionados. La tarea no está concluida y hace falta una reivindicación.

Nueva fórmula

El Gobierno tiene la idea de restaurar la polinómica que rigió desde 2009, a instancias del gobierno de Cristina Kirchner. Esta fórmula tomaba en cuenta la evolución de la recaudación de la Anses y la de los salarios. La fórmula de Cambiemos, la suspendida, combinaba en un 70% inflación y 30% salarios. Y a diferencia de la de 2009, no tenía techo. Si la Argentina hubiera ingresado en una espiral hiperinflacionaria, los aumentos para los jubilados le habrían seguido el ritmo. La caja de la Anses, reventada.

En 2017, Cambiemos justificó el cambio de fórmula argumentando que los jubilados no perderían nunca más contra la inflación. Para el Frente de Todos, esa fórmula contribuía a la ruina de un sistema previsional ya insolvente.

Aunque la comisión, que además de diputados y senadores integrarán representantes de los ministerios de Economía y Trabajo, tiene un trabajo técnico por delante, el Presidente ya dio su punto de vista, que por supuesto tendrá peso en la determinación de ese cuerpo colegiado ad hoc: sentenció que "el sistema anterior tenía una racionalidad económica absoluta".

Para elaborar la nueva fórmula hay 180 días, según el plazo que el Ejecutivo se autoimpuso en la ley de Solidaridad Social sancionada por ambas cámaras en diciembre. De modo que el próximo aumento a los jubilados, de junio, debería ya regir de manera automática, como vino siendo desde 2009. Pero en lo inmediato, el Congreso se abocará a otro asunto previsional pero de mayor tamaño político: así como la mitad de los jubilados cobra 14.000 pesos por mes y no llegará a los 16.000 en marzo, hay miles de jubilaciones de jueces y de diplomáticos que son 20 o 30 veces mayores. Y más.

Según el mensaje que el Ejecutivo elaboró y forma parte del proyecto ingresado el viernes por Mesa de Entradas de la Cámara Baja, la jubilación más alta pagada a un judicial es de 770.100 pesos mensuales, que es 55 veces el haber mínimo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA). La jubilación de jueces y diplomáticos promedio es de 289.000 pesos. Mensuales.

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El Gobierno envió la iniciativa para dar un golpe de efecto político pero el asunto difícilmente se trate en el período de sesiones extraordinarias de febrero. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aún no giró la iniciativa a comisiones, porque salvo la de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas, el resto aún no han sido constituidas. Pasa para marzo. En el entorno de Massa hicieron saber que además de Presupuesto tendrán intervención en el debate las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

Además, podría tener giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, lo que no es un dato menor teniendo en cuenta que los jueces ya se han puesto en pie de guerra con lo que consideran una quita de sus beneficios: Ricardo Recondo, camarista federal en lo Civil y Comercial y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, dijo que el proyecto “es inconstitucional" y que "la Corte lo ha declarado muchas veces ya".

"No se trata tampoco de una ley de privilegios. Yo aporto desde hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió Recondo.

La cuestión de las jubilaciones de privilegio ya había generado polémica durante el debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre, porque la oposición señaló que jueces y diplomáticos quedaron exceptuados de la suspensión de la ley de movilidad previsional.

Será, definitivamente, un tema de debate parlamentario urticante y caliente, y con el cabildeo a la orden del día: además del poderoso lobby de los abogados, con especial incidencia en el Congreso, buena parte de los diplomáticos son de extracción radical.

Supermercados

En ese contexto, y también a instancias de un Ejecutivo que por lo pronto prefiere que el Congreso debata temas de índole social, el Senado avanzará hoy martes con la ley de Góndolas, que ya tiene la media sanción de Diputados, donde fue aprobada por unanimidad.

El proyecto será tratado a partir de las 15 en la comisión de Legislación General, donde asumirá como presidenta la kirchnerista correntina Ana Almirón, y no en un plenario de tres comisiones, como estaba previsto inicialmente. Quieren que el trámite sea veloz. La iniciativa, sin embargo, no será debatida esta semana porque el dictamen, de ser emitido este martes, no tendría los siete días reglamentarios desde la firma para ser tratado en el recinto, con lo cual se espera que sea votado en la primera sesión ordinaria. O sea a partir de marzo.

Es que la semana que viene, la última de febrero, es corta debido a que lunes y martes son feriados de Carnaval, y los diputados y senadores, salvo órdenes que provengan desde lo alto de poder o situaciones de emergencia, generalmente aprovechan para estirar las vacaciones toda la semana.

Este jueves, sin embargo, el Senado se reunirá en el recinto para aprobar en sesión los pliegos de los embajadores propuestos por Alberto Fernández y retirar pliegos judiciales que había enviado su antecesor, Mauricio Macri. Será la última actividad parlamentaria en extraordinarias, antes de la apertura de las sesiones ordinarias, el domingo 1° de marzo, con el discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa.