“Hay algo que no se le puede tocar a un judicial: la jubilación”. Quién lo dice es un ex magistrado federal que ya prepara “por las dudas” un presentación en caso de que se modifique su haber jubilatorio. La primera pelea entre Alberto Fernández y gran parte del Poder Judicial (y sus alrededores) llegó de una manera inimaginable hasta hace algunas semanas.

“No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio de las jubilaciones es en el caso de los jueces y de los diplomáticos”, dijo el Presidente en una entrevista. Pero en tribunales sí consideraron un enfrentamiento la intención presidencial de ir contra el 82% que reciben los y las magistradas cuando se jubilan.

La persona que está en el medio de la tensiones entre la Rosada y los jueces es Marcela Losardo, ministra de Justicia de la Nación. Es ella la que recibió el llamado de varios jueces y juezas que le transmitieron su enojo y preocupación por lo que estaba sucediendo primero en el Congreso y después por lo que escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

Lo primero que explican los judiciales es que el régimen que el Gobierno quiere modificar afecta a jueces, fiscales, defensores y funcionarios, no a la totalidad de las personas que trabajan dentro del sistema de justicia. Los que integran el primer grupo tienen el 82% móvil y se encargan de resaltar que eso sucede, en parte, porque les fue descontado de su salario un porcentaje mayor de aporte jubilatorio, y no el 11% como en la mayoría de los empleos.

Las jubilaciones de aquellos funcionarios judiciales aumentan, entonces, cuando se le da un incremento salarial al Poder Judicial. Están atadas a ello y no al régimen de movilidad jubilatoria que regía hasta hace unas horas. A cambio, si un juez es “convocado” a prestar sus servicios nuevamente por algún motivo (falta de jueces, por ejemplo) está obligado a que sea en una posición de igual jerarquía que la que tenía antes de retirarse.

“Lo nuestro no son jubilaciones de privilegio. Son altas, sí, pero nosotros cumplimos con todos los requisitos que nos pone la ley: los años trabajados y los aportes que corresponden”, responde una ex camarista, jubilada desde hace varios años años. Sostiene que las jubilaciones de privilegio eran aquellas que les daban a los legisladores o ministros que se jubilaban con el sueldo de esos cargos a pesar de que sólo habían pasado un período en ese cargo.

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Dentro y fuera de la Asociación de Magistrados hay consenso: el proyecto que impulsará el Gobierno no puede ser retroactivo porque los ya jubilados tienen un derecho adquirido: “sería retrotraer a una situación que no fue pactada en el contrato laboral”, explican.

El cálculo es que es hay unos 7.000 jubilados y jubiladas en esta situación y que ya hay un grupo que está preparando los amparos en caso de que la modificación se concrete. Es decir, se preparan para combatir desde un terreno que, ante todo, conocen mejor que nadie. Muchos consideran que detrás de esto vendrá una nueva batalla por el impuesto a las Ganancias y por la edad jubilatoria. El fuero de Seguridad Social es uno de los más colapsados de todos y que, junto al Laboral, son los más criticados por lo bajo por los distintos gobiernos. La judicialización del asunto es lo que el gobierno quería evitar.