El Gobierno denunció por "fraudulenta" la venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF concretada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, en el marco del juicio iniciado en Estados Unidos por un fondo buitre que pretende cobrar US$ 3 mil millones por la "expropiación" de la principal compañía argentina. El estudio que defiende a la Argentina denunció que la entonces jefa de Estado permitió la firma de "acuerdos falsos", por lo que consideró que un fondo buitre "carece de derechos a cobrar indemnización alguna".

Los abogados argentinos buscan conocer los nombres detrás de Burford Capital para pedir la nulidad del juicio.

En concreto, el Estado argentino sostiene que la compra de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo "bajo un procedimiento fraudulento" y "sin poner un peso". El argumento es que la gestión de Cristina Kirchner le permitió a los Eskenazi, dueños del grupo, adquirir un cuarto de la compañía energética pagando con los futuros dividendos de la propia empresa; es decir, sin pagar ni un centavo al momento de la negociación.

La denuncia argentina

El escrito fue presentado el lunes por la noche ante la jueza de Nueva York Loretta Preska, confirmaron fuentes oficiales. Allí, la administración de Mauricio Macri sostuvo que la operación fue de "legalidad nula".

En la presentación se incluyó la versión taquigráfica de un discurso del ex ministro de Economía y actual precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde sostiene que no se iban a "respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas"; uno de los ejes del debate judicial.

Este jueves será la primera audiencia entre Argentina y los abogados de Burford Capital, el fondo demandante que le compró al grupo Petersen los derechos de litigio por U$S 15 millones. El editorialista Carlos Pagni aseguró en reiteradas ocasiones que los Eskenazi están detrás de la firma que denuncia al país, pese a que desde la empresa negaron cualquier vinculación.

Los abogados del país sentaron posición ante la audiencia de este jueves en que se verán, por primera vez, con los demandantes del fondo buitre Burford. En cuanto a la adquisición de las acciones en el 2008, los voceros de la empresa argentina aseguraron que "la compra fue aprobada por la bolsa de España y varios organismos internacionales".

Pedido de discovery

En la audiencia en Nueva York se espera que Burford pida el "juicio sumario", con el argumento de que se trata de "cosa juzgada" y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina. El Gobierno, en cambio, buscará ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra "fraudulenta". En su ofensiva, pedirá el llamado proceso de ‘discovery’, lo cual le permitiría pedir información sobre quiénes son los compradores del derecho de litigio y documentación de todo el proceso, así como abrir la investigación a todo el camino financiero previo de la compañía.

Además, buscará demostrar que "Petersen España, empresa ficticia formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", al amparo del kirchnerismo. Las empresas del grupo Petersen compraron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones. Para el gobierno argentino, esta operatorio se hizo sin pagar un dólar, aceptando como pagos los futuros dividendos de la compañía.

En 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% de YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el Estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por solo US$ 15 millones. Ahora, si la Justicia norteamericana le da la razón, ese fondo podría multiplicar por 200 sus ganancias.