El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue imputado este jueves en una causa que investiga presunto lavado de dinero vinculado a un esquema de coimas en la adjudicación de contratos de concesión para las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La investigación está a cargo del Juzgado federal de la ciudad bonaerense de Campana, que encabeza Adrián González Charbay, que ordenó que se levantara el secreto bancario, fiscal y bursátil del funcionario de la administración de Axel Kicillof. 

Además de D’Onofrio, el magistrado dispuso, además, medidas contra Claudia Pombo, ladera política del ministro en la localidad bonaerense de Pilar, concejala de ese distrito y quien fuera desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante tras el avance del caso.

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El juez intenta determinar si, a través de licitaciones otorgadas de manera irregular, algunos empresarios habrían recibido contratos millonarios sin seguir los procedimientos establecidos por la ley de proveedores.

En paralelo, el funcionario es investigado en una causa que se tramita en La Plata, está a cargo del fiscal Álvaro Garganta y señala al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores. Según la denuncia, ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.

En esta maniobra, de acuerdo a información judicial a la que accedió TN, está vinculado Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos. 

El juez federal también ordenó que se levantara el secreto bancario del magistrado y pidió al Registro de la Propiedad del Inmueble saber qué bienes tiene a su nombre.

Además de D’Onofrio, también quedó bajo la lupa Pombo, pareja del ministro, quien, de acuerdo con la investigación, se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas.