El primero crea el Registro Público de Personas o Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), herramienta que le permitirá considerar a Hezbollah como grupo extremista en el país. El escrito modifica una norma de junio de 2012 y estableció la creación de ese registro, ya que hasta el momento la Argentina se regía por el listado consolidado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que no aparece el grupo chiita que voló la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994.

El Poder Ejecutivo remarcó que con el registro se estará "garantizando la correcta identificación e individualización" de los grupos terroristas. Esta herramienta funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y tendrá por objetivo brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.

Hezbollah fue responsabilizado por la Justicia argentina como autor de los atentados contra la representación diplomática israelí, llevado a cabo el 17 de marzo de 1992 y que provocó 29 muertos, y contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), concretado el 18 de julio de 1994 y que dejó un saldo de 85 asesinados y centenares de heridos.

A través del Decreto 487/2019, el Poder Ejecutivo anunció un duelo nacional para el 18 de julio, en tanto que recordó que el ataque terrorista contra la mutual judía "ocasionó dolorosas e irreversibles consecuencias a los argentinos". "La magnitud de tan criminal suceso, que costara la irreparable pérdida de valiosas e irremplazables personas, ha dejado en la sociedad argentina marcados sentimientos de repudio y dolor", advirtió la Casa Rosada.

Asimismo, el texto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, anticipó que el mandatario "hará mención destacada de la conmemoración del referido atentado terrorista en oportunidad de pronunciarse el discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas" en septiembre próximo. "Se reiterará el pedido dirigido a la República Islámica de Irán para que coopere en la investigación de los hechos y el juzgamiento de sus responsables con las autoridades judiciales argentinas", añadió el decreto.

El último amplía la posibilidad de recibir una indemnización para víctimas del atentado a la AMIA que aún no habían podido acceder a ese beneficio, reglamentado en septiembre del 2015 por una norma de la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner. En él se establece un nuevo plazo de 180 días hábiles para que víctimas o familiares de asesinado por el ataque terrorista puedan avanzar con los trámites de acceso al beneficio.

La Argentina había reconocido diez años atrás, en 2005, la responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. "Por razones de equidad y justicia, corresponde asegurar que aquellas personas que todavía no se han acogido al beneficio extraordinario mencionado, puedan hacerlo sin mayores dilaciones", sostiene el escrito.