En medio del debate del proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” -más conocido como “ley ómnibus”- en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, y el legislador de Hacemos Coalición Federal Esteban Paulón protagonizaron este jueves un cruce por la reforma de la Ley Micaela planteada en la iniciativa.

Según De la Torre, la norma N° 27.499, que establece la capacitación obligatoria en “género y violencia contra las mujeres” para funcionarios públicos de todos los niveles, “no está dando resultados”, y advirtió que hay “más muertes que antes”. En respuesta al también médico pediatra, Paulón sostuvo que “sería importante que él tome el curso”.

“Lo que proponemos nosotros es que las personas que tienen competencia sobre esos temas se capaciten en forma obligatoria, y que lo demás sea optativo”, detalló el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia en relación a la reforma del primer artículo de la Ley Micaela, que pretende que la formación corresponda únicamente a quienes se desempeñen “en los organismos competentes en la materia”.

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A su vez, cambia la redacción del primer artículo de la norma quitando la palabra “género” y poniendo en su lugar el término “violencia familiar y contra la mujer”. En este sentido, el funcionario remarcó en varias oportunidades durante su exposición: “La violencia para nosotros no tiene géneros”.

“Necesitamos en esta Argentina, que de alguna manera tiene un déficit y una pobreza estructural muy grande, tratar de poner el dinero donde corresponde”, señaló De la Torre. A su vez, aseguró: “Esta iniciativa no deroga ninguna ley de protección integral contra la violencia de la mujer y la violencia familiar. Solo amplía derechos”.

Minutos después, Paulón remarcó que la capacitación propuesta en la Ley N° 27.499 “no tiene que estar solamente concentrada en los agentes del Estado que tienen en su nivel la actuación, sino que tiene que ser generalizado como venía siendo, con mucha dificultad pero con decisión, una política pública”.

En el mismo sentido se había pronunciado alrededor de una hora antes la diputada del PRO María Eugenia Vidal, quien destacó que “la Ley Micaela salió con amplio consenso del Congreso” y cuestionó: “¿Con qué criterio se limitaron los sujetos de capacitación?”.

“Uno entiende que las personas que están involucradas en las áreas de prevención de violencia están capacitadas en la materia, con lo cual son los que menos necesitan capacitación. ¿Cuál es el criterio por el cual se deja de capacitar al resto de los funcionarios de la administración pública?”, insistió la exgobernadora bonaerense.

A su vez, la familia de Micaela García, la joven que fue asesinada en 2017 en Entre Ríos y cuyo femicidio originó la sanción de la norma que lleva su nombre, rechazó el pasado 30 de diciembre los cambios propuestos en el proyecto de “ley ómnibus”. 

“El proyecto intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley”, detalló un comunicado sobre la reforma del punto que detalla los sujetos que deben cumplir obligatoriamente con la capacitación.