Luego de manifestaciones, acampes y cumbres entre el Gobierno y la CGT, el proyecto opositor de Emergencia Alimentaria vislumbra un buen final la próxima semana. El Senado convocó para el miércoles a las 14 a una sesión especial para prorrogar la Ley actual hasta diciembre de 2022 y hay consenso entre el oficialismo y la oposición para promulgarla sin objeciones. 

La iniciativa fue aprobada este jueves en Diputados por 222 votos a favor y una abstención, tras semanas de presión por parte de los bloques opositores. El principal promotor, en los inicios, fue el espacio de Roberto Lavagna, que suspendió la campaña presidencial y presentó un proyecto con 10 puntos económicos para paliar la crisis.

A Consenso Federal se sumó, semanas después, el Frente de Todos, que presentó un proyecto que reúne diez iniciativas y a su vez contó con el clamor de las organizaciones sociales en las calles. 

La Casa Rosada terminó por desistir en su posición y avaló el reclamo popular. El oficialismo consideraba suficiente a la batería de paliativos que decretó para atenuar el impacto de la devaluación, que incluyó la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, un bono de 1.000 pesos para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), el aumento de las jubiliaciones y la actualización del salario mínimo vital y movil.  

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, confirmó este viernes que no habrá "mayores dificultades" para convertir en ley la Emergencia Alimentaria y según consignó Infobae, las autoridades de la Cámara Alta esperan que la sesión sea breve, al igual que lo ocurrido en Diputados. 

El proyecto consensuado en el Frente de Todos prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional dictada por el Decreto 108 del año 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.

También se faculta al jefe de Gabinete a que actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, debiendo tomar como "referencias mínimas" el aumento de la variación porcentual del rubro ''alimentos y bebidas no alcohólicas'' del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC. Esto dispone un incremento de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias. 

En caso de que el Senado lo apruebe, la aplicación le costará al Estado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, casi $11.000 millones.