Tras 20 horas de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como ocurriera en la mañana de junio del 2018, el batallón verde que colmó las inmediaciones del Congreso estalló de júbilo al conocer el resultado de la votación y llevará su esperanza al tratamiento que se librará en el Senado de la Nación, donde la contienda entre los legisladores se advierte más equiparada pero el oficialismo espera contar con los votos para sancionar la legalización.

La iniciativa fue convalidada por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, había inaugurado el debate con un llamado a evitar descalificaciones entre los diputados verdes y los celestes, y a "no perder de vista ni el respeto ni la capacidad de escuchar a los otros" durante la jornada. Esa premisa fue ratificada a lo largo de la sesión, con nulos enfrentamientos entre los legisladores.

El texto que llegó al Congreso posee cambios respecto al documento presentado por el Poder Ejecutivo. Con el objetivo de concitar más votos de indecisos para legalizar el aborto, el dictamen de mayoría incorporó al proyecto la objeción de conciencia en los establecimientos de salud privados y el consentimiento que deberán presentar las menores de 16 años -por parte de los padres o tutores- para poder acceder a la interrupción.

La iniciativa instituye que se puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Después de ese período, el procedimiento solo podrá realizarse en caso de violación o peligro de vida para la persona gestante. Luego de realizarse el pedido, el aborto deberá ser efectuado en el plazo máximo de 10 días.

Al finalizar el tratamiento del texto, por el que se expresaron 170 oradores, se dio paso a la discusión por el proyecto de los "1.000 días", una propuesta estatal de acompañamiento a las mujeres que decidan continuar con su embarazo que se encamina a ser aprobada por unanimidad.

Las alocuciones a favor de la iniciativa hicieron hincapié en la ampliación de derechos que representaría la ley para las mujeres y en la necesidad de la norma por una cuestión de salud pública: para terminar con los abortos clandestinos, que derivan en miles de muertes.

Los legisladores que se pronunciaron en contra enfatizaron que el embrión conforma un organismo vivo y no solamente un conjunto de células, y resaltaron lo inoportuno del tratamiento en medio de la pandemia del coronavirus y la crisis socioeconómica.

El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos) les agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el envío de ambos proyectos y advirtió que "decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de abortos".

A su turno, la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (Juntos por el Cambio), expresó su rechazo a la iniciativa: "Defendemos la vida. La prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética: es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro".

Por último, los diputados del Frente de Todos, Daniel Ferreyra (Jujuy) y Francisco Guevara (San Juan) denunciaron distintos tipos de presiones por manifestar su postura en favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El legislador jujeño contó que su hija recibió amenazas en su casa y pidió perdón por abstenerse en la votación tras asegurar haber sido coaccionado por una periodista. En tanto, el sanjuanino, único representante de su provincia que votó por la legalización (en 2018, San Juan había rechazado el proyecto por unanimidad), expresó: "Difundieron mi celular. Me dicen que no vuelva, pero voy a ser papá y me quiero quedar tranquilo de que aporté a las futuras generaciones".