Autoridades del ministerio de Defensa detectaron irregularidades por $200 millones en la compra de drones y aviones que nunca se entregaron, por lo que se inició una investigación para determinar qué ocurrió con esos fondos y con el equipamiento que se tendría que haber adquirido.

Fuentes de la cartera a cargo de Luis Petri confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de contratos con empresas para la provisión de material militar como drones, aviones y remolcadores, que habían sido firmados durante la gestión de Cristina Kirchner.

Según los datos que se dieron a conocer, el Estado habría abonado una cifra millonaria por materiales y para la modernización de unidades, entre ellos el proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), al cual se destinaron $200 millones.

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El objetivo del SARA era desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados (drones) que debían entregarse en el término de siete años, pero nunca se completaron. Además, se investiga el pago de millones de dólares para la incorporación y modernización de 17 aviones Pampa y Pucará IA100, como así también de unas 14 embarcaciones, que no fueron entregados.

Para el primero de los programas, el Gobierno había suscripto en 2015 un convenio con la empresa INVAP por un monto de más de $2.000 millones, de los cuales $200 millones se abonaron a través del ministerio de Defensa. 

Sin embargo, el contrato quedó pendiente en 2016 hasta que en noviembre de 2017 la cartera -entonces liderada por Oscar Aguad- solicitó a la compañía un informe sobre el grado de avance del tratado y sus respectivos costos detallados.

Al respecto, Petri señaló en el marco de la entrega de cinco tanques TAM modernizados: "Se llevan invertidos más de USD 21 millones en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo".

Con el objetivo de determinar si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió algún tipo de desvío del dinero, el ministerio solicitó auditorías a las distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), tras lo cual se analizará la presentación de acciones judiciales.

En este sentido, el Ministro advirtió en declaraciones a radio El Observador que "Tandanor es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, con la construcción de buques, no tenía que ver con remolcadores, no tenía que ver con el ARA Parker en donde se pagaron USD 8 millones, no tenía que ver con el ARA Petrel, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5250 bicicleteros", para municipios del Gran Buenos Aires.

Asimismo, aseguró que, en el caso de FADEA, "más de USD 260 millones que se pagaron en el anterior Gobierno, no encontraron devolución en prestaciones concretas" y remarcó: "Así hoy nos faltan los aviones, los IA 100, los Pampa y nos faltan los remolcadores que nos deben y también esos recursos muchas veces iban a cubrir los déficit de las empresas de la defensa y así es como más de USD 160 millones fueron a cubrir déficit operativos".