El Gobierno elevó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo que declaró inconstitucional y suspendió la aplicación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, informaron fuentes judiciales. La presentación hecha por la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados que representa al Estado nacional a cargo de Rodolfo Barra, incluye críticas al fuero laboral y a la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya representación cuestiona.

"No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora", sostuvieron los abogados en el escrito al que accedió la agencia Télam.

"Tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar", agregaron.

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El énfasis de las resoluciones judiciales que suspendieron la aplicación del capítulo laboral del DNU estaba puesto, sin embargo, en la injustificada invocación de las condiciones de "necesidad y urgencia" a las que recurrió el Poder Ejecutivo para evitar pasar la mentada reforma por el Congreso.

"El texto del artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad", habían remarcado los jueces de la Cámara Federal del Trabajo cuando dejaron sin efecto el capítulo 4 del megadecreto.

En su escrito de casi 40 páginas, los abogados del Estado también cuestionaron esos criterios de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral. "Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al Ejecutivo a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado", sostuvieron los representantes legales.

Y agregaron: "A modo de ejemplo, por un lado, se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa".

La Cámara Nacional del Trabajo declaró el 30 de enero último la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral del DNU, con motivo de una presentación realizada por la CGT. Entre otras modificaciones, la meganormativa establece la ampliación del periodo de prueba hasta los 8 meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que las reformas en materia laboral incluidas en el decreto hecho público por el presidente Javier Milei el 10 de diciembre pasado era contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución. La norma establece que el Ejecutivo "participa de la formación de las leyes con arreglo a la Carta Magna, las promulga y hace publicar", pero que "no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo".

El 24 de enero último, la central obrera llevó adelante un paro nacional por 12 horas y una manifestación, esta vez frente al Congreso, para sostener el reclamo y rechazar las medidas económicas del Gobierno.