El Gobierno logró este miércoles dictaminar Ficha Limpia en el Senado gracias a un acuerdo con la oposición dialoguista y evalúa la fecha para su tratamiento. Por su parte, desde el bloque de Unión por la Patria rechazaron el proyecto e incluyeron en el debate el escándalo del criptogate que salpica a Javier Milei.

La iniciativa, que cuenta con media sanción en Diputados y busca impedir la candidatura en las elecciones a personas condenadas en segunda instancia por delitos de corrupción, entre otros, fue tratada en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

En la reunión hubo tensos cruces, debido a que el ala kirchnerista del espacio que reúne a todo el peronismo denunció, igual que en Diputados, un intento de proscripción a Cristina Kirchner, quien en caso de avanzar la ley no podrá integrar ninguna lista en los siguientes comicios, y sumó al intercambio la polémica por la promoción de la fallida $LIBRA por parte del jefe de Estado.

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"Este proyecto no busca limpiar la política, busca proscribir a determinados actores políticos de la Argentina. Que venga el presidente estafador, delincuente, que tiene en su Gabinete gente que pide plata a trocha y moche para habilitar reuniones", manifestó el porteño Mariano Recalde.

"Sostienen la discusión de un proyecto de Ficha Limpia cuando el principal referente del Gobierno está en todas las páginas del mundo por estafa por criptomonedas", aseveró, por su parte, la riojana Florencia López.

Por otro lado, y en respuesta a lo expuesto por el kirchnerismo, el cordobés Luis Juez, del PRO, indicó que cuando se presentó el proyecto por primera vez "Cristina no estaba ni imputada". Además, defendieron la propuesta los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe).

Con el dictamen, firmado por 11 senadores, la ley quedó lista para ser tratada en la Cámara alta, aunque aún el oficialismo no logró determinar una fecha tentativa para su posible aprobación. 

De sancionarse, no podrán ser candidatos en ningún cargo aquellos sentenciados en una segunda instancia en delitos de fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles por el ejercicio de la función pública y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento.