En línea con la intención generalizada de achicar los gastos del Estado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno decidió "avanzar" con "el cierre definitivo" del Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Horas más tarde, se confirmó que el ministerio de Justicia pasará a cumplir las funciones que desarrolla este organismo.

"Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. El primero de ellos va a ser el INADI, estamos empezando con su cierre definitivo", afirmó el portavoz en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos en un país que está absolutamente empobrecido", fundamentó el portavoz.

TE PODRÍA INTERESAR: Con posturas divididas y final abierto, la Comisión Bicameral comienza a debatir el megadecreto en el Congreso

Adorni resaltó que esta medida forma parte de "un sinfín de institutos que el Presidente está decidido a desmantelar" como parte de la "batalla de achicar el gasto público".

Sin embargo, aclaró que el proceso de desmontaje "no es tan sencillo" y "llevará tiempo" porque "la burocracia pone ciertos límites a las decisiones que uno pretende llevar adelante".

"Nos encantaría que esté cerrado hoy. A partir de ahora, empezamos con las actuaciones administrativas que haya que hacer, que en varios casos será por decreto", confesó.

Horas después, la cartera de Justicia de la Nación, que comanda Mariano Cúneo Libarona, confirmó que asumiría ese rol: "Es una prioridad de este ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo".

En tanto, aseveraron que el personal "idóneo" que trabajaba "con responsabilidad y compromiso" no perderá su trabajo y será transferido a Justicia. 

En otro orden de cosas, el vocero anunció que los planes sociales dejarán de regirse por el salario mínimo vital y móvil, que desde diciembre era de $156.000 y luego de su actualización será de $180.000 para febrero y $202.800 para marzo.