El Congreso inició en las últimas horas y avanzará la semana próxima con la conformación de las comisiones que deberán analizar el denominado proyecto de “ley ómnibus” enviado por el Gobierno de Javier Milei, que contempla, entre otras de sus más de 600 iniciativas, la privatización de empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y restricciones a las manifestaciones de protesta. 

Fuentes parlamentarias estimaron que en el inicio de la semana próxima el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzará en el armado de, al menos, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General, para abrir el debate parlamentario del proyecto, conocido como "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.

"Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes. Tenemos el tiempo en enero de trabajar la mejor solución y seguramente nos pondremos de acuerdo", afirmó este sábado Menem en declaraciones a Radio Mitre.

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Si bien reconoció que se está en presencia de "la Cámara de Diputados más fragmentada de la historia", sostuvo que "la intención es que se vote lo antes posible".

Para aplicar las normas incluidas en el proyecto, Milei pidió al Congreso que declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. De hecho, el Gobierno nacional incorporó además en el proyecto un artículo para ratificar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica presentado la semana pasada por el Poder Ejecutivo.

Este megadecreto, que contiene la derogación de una treintena de leyes y reformas a otras 300 normas, fue incluido en el articulo 654 del proyecto de “ley ómnibus” girado este miércoles a la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo.

Si bien ese DNU se debe tratar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la norma que entró en vigencia este viernes posiblemente se analice primero en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara baja.

En Diputados, la atribución de determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a conformar es potestad del presidente del cuerpo, quien avanzaba en las últimas horas en acuerdos con los diferentes bloques para terminar de definir su integración. 

En tanto, los diputados de la oposición advirtieron que tienen que ser más las comisiones a conformar por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley y, en ese marco, aspiran a que por su heterogéneo contenido sea analizado por entre 20 y 23 de las 46 comisiones que conforman la Cámara baja.

Entre las comisiones que se podrían constituir, además, se encuentran las de Legislación Penal, Justicia, Turismo, Economías Regionales, Legislación del Trabajo, Energía; Finanzas, Transportes, Educación, Salud y Seguridad Interior.

La idea del bloque oficialista es trabajar en el marco de plenarios que comenzarán a reunirse a partir de la semana próxima, con la visita de funcionarios que expondrán por área y con un borrador de cronograma en el que se pone al 25 de enero como fecha aspiracional para darle media sanción en el recinto.

En el Senado, en tanto, se formalizó la convocatoria para que la próxima semana se inicie la actividad con un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales, para debatir el proyecto de Boleta Única de Papel, e intentar dictaminar. Para ello, los bloques no kirchneristas y la presidente de la Cámara alta, Victoria Villarruel, trabajaron en conjunto para designar a quienes serán los integrantes y los titulares de las comisiones que deberán estudiar la medida. 

Además, La Libertad Avanza pretende que la semana que viene también se reúna otro plenario: el de Relaciones Exteriores y Presupuesto y Hacienda, comisiones que deberán estudiar los convenios económicos internacionales firmados por el Gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía para evitar la llamada "doble imposición en materia de tributos sobre la renta y prevenir la evasión", que deben ser enviados al Congreso para su ratificación.