La agenda legislativa del gobierno se acelera en este fin de año y avanza con cuestiones que el Ejecutivo considera fundamentales. La Cámara Alta ya dio un anticipo con la media sanción a la reforma de la elección del Procurador aún en pleno duelo nacional. Ahora, este proyecto pasará a Diputados mientras Alberto Fernández busca convencer a su candidato, el juez Daniel Rafecas, que acepte ser designado como jefe de los fiscales sin los dos tercios (o sea, sin el acuerdo de la oposición).

Este lunes, ambas cámaras del Congreso sesionará con dos iniciativas centrales para el oficialismo. Por un lado, los senadores del Frente de Todos se disponen a aprobar una ley pedida por el ministro Martín Guzmán para obtener el respaldo del Congreso en el nuevo acuerdo con el FMI y en las negociaciones de deuda en moneda extranjera.

En tanto, en Diputados el oficialismo espera convertir en ley el proyecto que consagra la quita de coparticipación a la Ciudad ejecutada por decreto por el gobierno nacional con una sesión convocada por el bloque oficialista el viernes a última hora. Para alcanzar la mayoría, el oficialismo contará con el respaldo de los bloques de legisladores que responden al peronismo de las provincias como Córdoba y Mendoza.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, da por descontada una derrota en el Congreso pero mantiene sus expectativas puestas en la resolución de la Corte Suprema ante el amparo por inconstitucional que presentó y que el máximo Tribunal podría respaldar.

En tanto, los dos proyectos que traerán debates comenzarán su tratamiento en comisión en Senadores y Diputados, respectivamente. Se trata de la nueva fórmula previsional para el cálculo de los haberes jubilatorios que comenzará su discusión en la Cámara Alta, en tanto la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo comienza su recorrido para llegar al recinto presidido por Sergio Massa para su votación entre el 9 y 10 de diciembre tras el cronograma acordado por oficialismo y oposición.

En el caso de las jubilaciones, es una ley sensible porque representa una herramienta central para el Gobierno para controlar el gasto y limitar el déficit en las cuentas públicas, aunque presentó críticas de la oposición por el retiro de la inflación del cálculo de las jubilaciones.

A su vez, el debate por la legalización del aborto es un tema que polariza fuertemente a la sociedad. Ayer sábado, los sectores "celestes" que rechazan la Ley IVE realizaron una manifestación masiva al Congreso y seguramente insistirán en su desacuerdo con la propuesta.

En la Cámara Alta queda pendiente también, aunque seguramente se convertirá sin mayores dificultades en el corto plazo, el llamado "impuesto a las grandes fortunas" que grava por única vez los patrimonios de más de 200 millones de pesos y que tuvo la negativa casi total de las cámaras empresarias.